Gas Madrid, condenada por coacción al cortar el servicio a un abonado sin avisarle

Amelia Reillo, titular del Juzgado de Distrito número 17 de Madrid, ha dictado una sentencia por la que se condena a la compañía Gas Madrid a pagar una multa de 7.000 pesetas a Trinidad Jiménez Hernández, abonada a la compañía, a quien el pasado 16 de noviembre le fue cortado el suministro sin previo aviso. Una portavoz de Gas Madrid anunció ayer que la sentencia ha sido recurrida. Por su parte, fuentes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos declararon que la sentencia tiene gran valor porque supone el reconocimiento de las prácticas abusivas de la compañía contra los usuarios.

El fallo del juzgado señala que el representante legal de Gas Madrid deberá cumplir ocho días de arresto, como pena sustitutoria en el caso de que la compañía no pague la multa impuesta. El director general de Gas Madrid es José María Sáez García.

La sentencia pone de manifiesto que la abonada se hallaba al corriente en el pago de los recibos y que su instalación no tenía avería alguna, por lo que no había solicitado los servicios de la compañía. El 16 de noviembre, sin previo aviso, Gas Madrid cortó el suministro de combustible a la denunciante, por lo que la actuación de la compañía, según la sentencia, impidió el desarrollo normal de las actividades domésticas en su domicilio, con las consecuencias que ello conlleva.

La sentencia señala qua tal conducta constituye una falta de coacciones, tipificada en el artículo 585.5 del Código Penal.

Durante el juicio, el fiscal solicitó la absolución de Gas Madrid y que se reservara a la perjudicada las acciones civiles correspondientes.

Una fuente autorizada de Gas Madrid declaró ayer que la sentencia en cuestión lleva fecha de 20 o 21 de marzo, y que fue recurrida el 22 de marzo. Para la fuente consultada, éste ha sido un caso atípico: "Gas Madrid ha realizado ya alrededor de 42.000 inspecciones en domicilios, y nunca hemos tenido ningún problema. La práctica habitual es que se envíe una carta individual a los vecinos a los que se va a cambiar una pieza de su instalación, con el fin de sustituir el suministro de gas ciudad por el de gas natural".

"Días más tarde", añadió la citada fuente, "se ponen avisos en los edificios que se van a someter a revisión. El corte del suministro no suele durar más de un día. Se les cambia la pieza en cuestión y al día siguiente vuelven a tener combustible. No sabemos con certeza que pasó en el caso concreto de esta señora. Nosotros suponemos que sí recibió el aviso, pero como las cartas no van certificadas, no lo podemos de mostrar. También puede ser cierto que no recibiera el aviso por cualquier causa".

Según la sentencia, a la que tuvo acceso la agencia Efe, la vecina demandante sí recibió una carta en la que se le advertía de la visita de los técnicos de la compañía, visita fijada para el 10 de noviembre. Sin embargo, la carta le llegó el 16 de noviembre, el mismo día en que le cortaron el suministro.

Sentencia ejemplar

Prisciliano Castro, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV), calificó la sentencia como muy importante, "no tanto por la cuantía de la multa sino por el precedente que sienta, y que demuestra que Gas Madrid está abusando de los usuarios con la permisividad de la Administración".

La FRAV, añadió Castro, ya denunció en marzo del año pasado las prácticas de la compañía ante la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid, "sin que haya servido para gran cosa".

Para Castro, "Gas Madrid está realizando la reconversión de las instalaciones de gas ciudad a gas natural de forma disimulada, mediante el truco de hacer inspecciones técnicas que siempre encuentran algún defecto cuya reparación tienen que costear los abonados".

La FRAV sostiene que la reconversión del suministro de gas ciudad a gas natural es un proyecto impulsado desde el Gobierno, por lo que los usuarios no tienen porqué cargar con los costes.

La reconversión de las instalaciones afecta a unos 450.000 abonados, de los que hasta ahora han recibido la visita de los inspectores de la compañía unos 40.000. La FRAV organizó durante 1988 una campaña para que los vecinos impidieran el paso a sus domicilios a dichos inspectores. La presión vecinal forzó a que el tema se tratara en la Asamblea de Madrid.

Actualmente, las negociaciones entre vecinos, Comunidad de Madrid y Gas Madrid para estudiar fórmulas de financiación de la reconversión de las redes de suministro están prácticamente paralizadas.

"Sin embargo", añadió Castro, "sabemos que Gas Madrid continúa realizando inspecciones, centradas actualmente en los barrios de Fuencarral y de Arturo Soria, convocando reuniones con las comunidades de vecinos, a los que se asegura que no van a tener que pagar nada".