El Congreso aprueba el endurecimiento de penas a los culpables de torturas

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad un endurecimiento de las penas impuestas a quienes ejerzan torturas, que en particular obligará al ingreso en prisión de quienes provoquen lesiones leves a sus víctimas. La Cámara introdujo asimismo en el Código PenaL, a iniciativa de la Minoría Catalana, el castigo die arresto mayor y multa de 100.000 pesetas a 500.000 pesetas para los divorciados que durante tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos dejen de pagar, "cuando tienen medios para bacerlo, la prestación económica de su cónyuge o sus hijos".

El PSOE anunció que durante la tramitación en el Senado de esta reforma ampliará el concepto del delito de violación, que no sólo abarcará a la peneti-ación vaginal sino también a la anal. El discurso del ministro de Justicia, Enrique Múgica, mostró que el Gobierno renuncia a presentar en esta legislatura un nuevo Código Penal, compromiso que figuraba en el programa electoral del PSOE.El Grupo Socialista aceptó endurecer el castigo de las prácticas de tortura a iniciativa del diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés, cuya propuesta fue calificada por Nicolás Sartorius como "casi idéntica" a la presentada por su grupo, Izquierda Unida, el pasado mes de junio. Bandrés reclamó una definición "más amplia y rigurosa" del delito de tortura.

La Cámara aprobó por unanimidad que cuando se produzcan amenazas, coacciones e insultos por parte de una autoridad o funcionario para obtener información el castigo sea de arresto mayor (de un mes y un día a seis meses de prisión), además de la suspensión en sus funciones. Quienes lleven a cabo torturas que no dejen lesiones podrán ser condenados a prisión menor en grado mínimo o medio (de seis meses y un día a cuatro años y dos meses), además de sufrir inhabilitación especial.

El funcionario o autoridad que inflija lesiones por tortura sufrirá prisión menor en grado máximo (de cuatro años, dos meses y un día a seis años) e inhabilitación especial. Cuando sea un ciudadano particular el que incurra en este delito, será castigado con prisión merior en grado medio o máximo. E n todos los casos en que se produzca homicidio, mutilaciones, ceguera u otras lesiones graves por causa de torturas, el procesado cumplirá el grado máximo de la condena que se dicte contra él.

Uno de los portavoces socialistas en el proyecto de actualización del Código Penal, Eduardo García Espinosa, anunció en el Pleno que el PSOE introducirá durante a tramitación del proyecto en el Senado una nueva regulación de los delitos de violación. Fuentes de ese grupo parlamentario precisaron que se considerará también como violación la penetración anal.

La reforma del Código Penal aprobada ayer establece por primera vez que será castigado con arresto mayor o multa de 100.000 pesetas a 500.000 pesetas y privación, en todo caso, del permiso de conducción por tiempo de tres meses y un día a cinco años "el que condujere un vehículo de motor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas". Es decir, el comportamiento de los denominados pilotos suicidas u homicidas. La misma pena queda establecida para quienes conduzcan un vehículo de motor "bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas".

La reforma aprobada ayer incorpora asimismo un artículo que impone la condena de arresto mayor a quienes utilicen o presten a menores de 16 años para mendigar. El Grupo Socialista aceptó la petición de izquierda Unida para mantener el delito por infracciones en la debida seguridad e higiene en el trabajo.

Cuando el ministro de Justicia, Enrique Múgica, presentó la reforma como un esfuerzo de actualización del Código Penal y para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto el representante del CDS, Íñigo Cavero, como los del Partido Popular y el de Izquierda Unida, apoyaron una iniciativa de esas caracteristícas, pero reclamaron una modernización definitiva y global del Código Penal.

Abusos en el trabajo

Por otra parte la agrupación de diputados de Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley orgánica para tipificar como delito los abusos sexuales en las relaciones de trabajo. La regulación propuesta señala que la persona que utilice la promesa "de concertar, mantener o mejorar el contrato o vínculo laboral, o las circunstancias o condiciones de trabajo, y solicitaré sexualmente a una persona será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas".

La propuesta añade que "se impodrá la pena de arresto mayor al que, concurriendo las mismas circunstancias descritas en el artículo anterior, cometiera cualquier abuso deshonesto, cuando no se den las circunstancias a que se refiere el artículo 430 de este código".