Precedentes silenciosos
Los precedentes de actuaciones irregulares del CESID, calificadas por jefes de la policía como "indignantes y antidemocráticos", no han provocado ninguna reacción del Gobierno socialista, que sólo ha respondido con la pasividad y la complacencia.Las actuaciones irregulares del servicio secreto militar han pasado por el espionaje a magistrados, partidos -especialmente los vascos y el propio PSOE- y políticos, sin que el Gobierno depurara las responsabilidades correspondientes.
Nada más llegar los socialistas al poder fue descubierto un local del CESID contiguo al palacio de la Moncloa donde fueron encontrados diferentes aparatos de escuchas telefónicas. Agentes del espionaje militar disponían de: un local blindado junto a la vicepresidencia del Gobierno, sin que nadie supiera las actividades que se estaban realizando.
En 1983 fue descubierta la investigación que agentes del CESID realizaron al vicepresidente del Tribunal Consitucional, el magistrado Jerónimo Arozamena, ponente-redactor de la sentencia sobre el caso Rumasa.
La información fue confirmada por el Ministerio del Interior, pero el Gobierno no adoptó ninguna medida contra los responsables de esa actuación calificada de "ilegal".
Un año después, el CESID espió al entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, su vida privada, aficiones, actividades profesionales y origen familiar. Una demanda del CESID contra la revista semanal Tiempo, que difundió dicha información, concluyó con una sentencia que reconocía el mencionado espionaje. El juez añadía que era muy factible que el CESID se dedicase a recoger datos sobre actividades privadas de dirigentes políticos. El Gobierno socialista reaccionó con el silencio.
El último incidente destacado fue el pinchazo del teléfono de Pastor Ridruejo sin que después de un año el Gobierno haya querido establecer la responsabilidad oficial y pública de esta acción, atribuida al CESID por la policía.
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