Hijos con precio

El padre adoptivo de A. insiste en que la suya no es "una familia de artistas". Ahora estudia cambiar a su hijo de colegio porque "cualquier día le dirán una perrería y se va a armar". Y todo porque adoptó al niño a través de la misma intermediaria que Sara Montiel, según sostiene el fiscal del proceso que se sigue en Alicante por la compraventa de cinco niños. En el juicio comparecerá como testigo la propia actriz, a quien el Tribunal Supremo ha dado la razón en un proceso contra el diario Ya, que publicó el origen oscuro de la adopción de uno de sus hijos.

José Mato, de 44 años, fue el último en aparecer en esta historia. Pero ha sido el primero en salir de ella. Una bala disparada por Manuel Tuero, un procurador de los tribunales de Gijón, acabó con su vida el pasado lunes en esta ciudad asturiana. Tuero tenía las 800.000 pesetas que la revista Pronto pagó por una entrevista exclusiva con Gisela Martínez, compañera sentimental de Mato y madre biológica de Zeus, el hijo adoptado por Sara Montiel.En la entrevista, Gisela afirmaba: "Jamás quitaré mi hijo a Sara Montiel". Tuero había actuado como intermediario entre la revista y Gisela. José Mato conoció a Gisela cuando ésta huyó de Alicante a raíz de su primera detención por el abandono de dos de sus hijos. Ni Tuero ni Mato aparecen en el sumario que se tramita en Alicante.

Cinco niños abandonados

Manuel Tuero "era el apoderado de Gisela", en palabras de María Iranzo, de 71 años. María regenta la pensión Niki de Alicante, y está conmovida por la muerte de José Mato. No conoce al fallecido, pero sí recuerda mucho a Gisela, que vivió en la pensión casi tres años. María Iranzo conoce a Sara Montiel -María Antonia Abad Fernández- desde la infancia. Ahora está procesada y en libertad provisional. El fiscal reclama una condena para ella de 15 años de prisión porque actuó como intermediaria en la compra, por parte de otros tantos matrimonios, de cinco niños abandonados por sus madres. Estos hechos ocurrieron en 1983, y Sara Montiel pagó, según el fiscal, 700.000 pesetas. "Si hubiera encontrado a alguien que lo comprara", según un parte de la policía local de Benidorm, "L. P. M., de 19 años, hubiera vendido a su hijo de cuatro meses, la pasada primavera". Los agentes llegaron antes, y el juez de Benidorm ordenó el ingreso del recién nacido en el Hogar Provincial de Alicante. Quizá de haber conseguido su propósito de vender al niño, y aunque la policía la hubiera detenido posteriormente, L. P. M. no estaría ahora cumpliendo condena alguna. El Código Penal español no recoge como delito la compraventa de menores.

María del Mar P. G. y su esposo, Joaquín F. M., fueron absueltos el pasado mes de noviembre por la Audiencia Provincial de Alicante, tras haber sido procesados por vender una hija recién nacida a otro matrimonio.

Al no existir en España el delito de compraventa de menores, el ministerio fiscal reconduce los casos de este tipo por el delito de abandono de niños del artículo 488 del Código Penal. Penas de entre seis meses y un día a seis años sufre el autor de este delito. Además, a través de esta figura penal sólo quienes venden al niño pueden ser incriminados; jamás quienes lo compran. Para colmo, el abandono supone que el niño haya sufrido en un determinado momento un total desamparo, algo que no ocurre si simplemente cambia de manos. La fiscalía de Alicante se encontrará con todas estas dificultades para que triunfen sus tesis en el juicio por la compraventa de niños, en el que Sara Montiel será citada corrio testigo.

El matrimonio compuesto por Marja del Mar P. G y Joaquín F. M. fue absuelto, junto a dos intermediarios de la operación, porque, según el tribunal, los cuatro inculpados no cometieron acciones que supusieran "un peligro para la vida o la seguridad del menor". Los magistrados calificaron incluso de "acertada" la decisión de entregar la niña a una familia acomodada.

"Salva y consigue para la hija la ayuda, seguridad y atención que la madre no podía proporcionar", según reza el texto de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. Será otra sección, la Primera, la encargada de juzgar el caso en el que está citada Sara Montiel. La vista oral ya no comenzará antes del verano, después de los últimos retrasos.

Lo de María Iranzo no puede calificarse de trama mafiosa. La calle de San Andrés, en donde se encuentra la pensión Niki, ni siquiera aparece en todos los callejeros de Alicante. Habitaciones a 400 pesetas la noche y jeringuillas usadas en la calle configuran un ambiente miserable. Junto a María Iranzo, están procesados en esta causa Gisela Martínez, con una petición fiscal de condena de seis años; Fabiola Estévez, madre biológica de uno de los niños y en situación de rebeldía; Isabel Trigo, también madre biológica de otro menor, e Isabel Valero, que actuó como intermediaria. El fiscal del caso, Miguel Gutiérrez, tendrá dificultades para imponer sus tesis. Para conseguirlo intentará que se admita un nuevo concepto de abandono de menores. "No se trata sólo de dejarlos expuestos al peligro, algo que probablemente no haya ocurrido, sino de un abandono del vínculo y de las obligaciones de los padres respecto a los hijos", señaló a este diario. En su calificación provisional, Gutiérrez afirma que las madres biológicas entregaban sus hijos a María Iranzo sin saber, "ni se preocupaban en averiguarlo", el destino final de los mismos.

El ponente de la causa es el magistrado Alberto Facorro, quien considera "injusto" que el honor y la imagen de los niños envueltos en este asunto esté siendo atacado. "Ellos no tienen la culpa de que uno de ellos fuera adoptado por una persona farnosa", señala. En los mismos términos se expresan el padre y la madre adoptivos de A. "No es delito adoptar a un niño, y nadie tiene derecho a divulgarlo. Jamás pagamos una peseta en concepto de compra, sino sólo un dinero para gastos médicos", sostienen. "Nuestra única culpa es querer como nadie a nuestro hijo", concluyen.

Honor de los niños

Una sentencia del Supremo, conocida el pasado jueves, recoge esta teoría acerca del honor y condena a la editora del diario Ya a indemnizar con 12 nifflones de pesetas a Zeus, el hijo adoptado por Sara Montiel. Según la sentencia, una noticia de¡ citado diario sobre estos hechos atentó contra la intimidad, el honor y la imagen de Zeus.Estos padres adoptivos, al igual que la artista Sara Montiel, desconocen que el fiscal pide para ellos una indemnización. El ministerio público solicita al tribunal que condene a los procesados a devolver a los padres adoptivos el dinero que presuntamente pagaron. El fiscal, además, no pedirá la anulación de las adopciones, cuya inscripción en el registro se efectuó siguiendo todas las prescripciones legales, incluyendo el informe favorable del propio ministerio fiscal.