Detrás de las rejas

LOS HECHOS conflictivos -motines, secuestros, actuaciones mafiosas, agresiones, y, en general, cualquier brote de violencia- que, de cuando en cuando, protagonizan las cárceles españolas no pueden disociarse de la situación de precariedad e indigencia en que se desenvuelve la vida en su interior. El hacinamiento, los deficientes servicios sanitarios, la escasa actividad cultural y deportiva, la ausencia de trabajo, y, en definitiva, la falta de alicientes y la desocupación, siguen siendo el caldo de cultivo en que fácilmente germina todo tipo de manifestación violenta.A ello contribuyen además las deplorables características del grupo humano que puebla las cárceles, especialmente desasistido de recursos para hacer frente a la situación: el 30% de sus integrantes son analfabetos funcionales, el 75% no tienen ninguna cualificación profesional, entre el 80% y el 90% han abandonado sus estudios entre los 13 y los 17 años, y sólo el 2% siguen un proceso de educación normal. El cuadro se completa con los trazos psíquicos que más le definen: baja capacidad intelectual, código ético invertido, carencia de responsabilidad personal y social y tendencia a conductas agresivas.

Este negro y sombrío telón de fondo no puede ser desconocido cuando se pretende analizar conflictos carcelarios como el motín protagonizado recientemente por 167 reclusos del centro de jóvenes de Carabanchel (Madrid) o los que han tenido por escenario recientemente la cárcel Modelo de Barcelona. Centrar el análisis de lo sucedido en una disputa sobre si ha habido o no un relajamiento de la disciplina, como han hecho algunos grupos de funcionarios, es tanto como no querer ver el problema de fondo. Por supuesto que el reglamento penitenciario debe cumplirse siempre, pero ninguna medida disciplinaria, por más desmesurada que sea, será suficiente para resolver situaciones derivadas en gran medida de las penosas condiciones de vida existentes en las cárceles españolas. Los 366 jóvenes reclusos de Carabanchel -entre 16 y 20 años de edad- tienen la suerte de sufrir uno de los más bajos niveles de hacinamiento que soportan un total de 52 prisiones españolas. Pero vegetan en el mismo ambiente de desocupación y deben conformarse con las mismas raquíticas actividades.

De aquí a 1994 la población penitenciaria española habrá pasado de 3 1.000 a 45.000 reclusos, según estudios de población oficiales. Hacer frente a esta tendencia -por otra parte, asumida ya hace tiempo por los gobernantes actuales como uno de los dogmas de su política global de orden público y seguridad ciudadana- va a constituir la tarea más ardua que deba afrontar la institución penitenciaria en los próximos cinco años. Los actuales responsables penitenciarios parece que son conscientes de ello, pero el desafío es tan ingente -en medios, en asignaciones presupuestarias y en elección de prioridades- que queda más allá de sus capacidades ordinarias de gestión y decisión. Es el propio Gobierno, y a su más alto nivel, el que debe tomar conciencia cuanto antes de este auténtico problema político y obrar en consecuencia. Porque no sólo es necesario acabar con los actuales déficit carcelarios -6.000 plazas funcionales menos de las necesarias; 46 prisiones carentes de infraestructura adecuada de las 79 existentes; sangrantes deficiencias educativas, sanitarias, asistenciales, etcétera-, sino que a ello se añade la dificultad de encontrar espacio a los numerosos inquilinos -3.000 cada año- que van a llegar a las cárceles españolas en los próximos cinco años y de adaptar unos ya tan deficientes servicios carcelarios a las nuevas hornadas de usuarios.

Si los actuales gobernantes y la sociedad en general han optado por la cárcel como el más eficaz de los remedios frente a la delincuencia, es elemental que corran con los costes de la operación. Pero sería hipócrita mostrarse remisos en la ejecución de esta política, no darse por enterados del espectáculo denigrante de una población reclusa que malvive hacinada y carente de los más elementales servicios, y, encima, rasgarse las vestiduras cada vez que los que soportan esta situación la denuncian o la airean en las azoteas o en los tejados de los centros penitenciarios.