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A México no le gusta Negroponte como embajador de Bush

Antonio Caño

La designación de John Negroponte, un diplomático de carrera encargado a comienzos de esta década de la creación de la contra en Honduras, como nuevo embajador de Estados Unidos en México ha sido recibida con disgusto en este país, que esperaba una luna de miel entre los Gobiernos de Carlos Salinas y de George Bush. No ha sido así: tensión, acusaciones y sospechas han vuelto a ser las notas dominantes de las primeras semanas de convivencia entre las dos nuevas Administraciones a ambos lados del río Grande.

"No nos gusta Negroponte", comentó abiertamente una fuente oficial mexicana. Otro funcionario matizó este punto de vista con la consideración de que "es un profesional que sabrá cumplir órdenes".

"Es un diplomático ligado al sector más conservador de EE UU, cuya presencia sólo se explica en un lugar donde se esperan problemas", considera Jorge Castañeda, profesor de ciencias políticas.

Negroponte, que espera todavía la ratificación del Congreso, ejercía hasta ahora como adjunto al Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Durante los años sesenta trabajó en la Embajada en Vietnam, y posteriormente participó en las conversaciones de paz de París junto a Heriry Kissinger, con quien después se enemistó. Su gestión más importante fue como embajador norteamericano en Honduras durante los años en que Estados Unidos organizó el establecimiento de la contra en aquel país.

"Negroponte no hizo en Honduras nada que no contase con la aceptación de los hondureños", afirma un portavoz de la Embajada norteamericana en México.

Esta misma fuente asegura que el nuevo embajador "es un hombre que ha estado siempre en el ojo del huracán, un diplomático experimentado que ha trabado en las áreas más dificiles de la Administración y que será un buen emisario de Bush ante Saflnas".

Más dureza

Los últimos embajadores norteamericanos en México no habían sido diplomáticos de carrera. El último, Charles Pilliod, vino con la misión de apagar el fuego prendido por su antecesor y actuó casi siempre con mano blanda. De Negroponte se espera mucha más dureza. "Desde luego no va a ser, como Pilliod, el embajador de México ante Estados Unidos", reconoce una fuente norteamericana.

La dureza de Negroponte se va a dejar sentir sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Por México pasa o se produce el 40% de la cocaína y casi el 50% de la marihuana que consumen los norteamericanos. Expertos de las relaciones entre los dos países creen también que el nuevo embajador abordará el tema de la amplia presencia de funcionarios soviéticos y cubanos que residen en México, supuestamente, como base para el espionaje sobre Estados Unidos.

Negroponte llegará a México en un punto bajo de las relaciones bilaterales. Jorge Castañeda estima que "las perspectivas del Gobierno mexicano de que EE UU se volcaría en apoyo de Salinas como consecuencia del crecimiento de la izquierda y de Cárdenas se han visto frustradas".

Por el contrario, en pocas semanas el nuevo Gobierno ha tenido que encajar vanos golpes desde el Norte: la construcción de un foso fronterizo, las acusaciones contra algunos de los funcionarios nombrados por Salinas y las dificultades puestas en la negociación sobre la deuda externa.

El Gobierno mexicano ha pedido formalmente al norteamericano que reconsidere la construcción del foso, que, según EE UU, no pretende humillar a su vecino sino evitar el tránsito ilegal de vehículos en la frontera. Mucho más preocupantes han sido las críticas por funcionarios norteamericanos contra el procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo; el jefe del servicio secreto de la Ciudad de México, Nazar Habo, y hasta el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.

Estados Unidos ha acusado a todos de tener antecedentes sospechosos. Contra Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco durante el caso Camarena [asesinato de un agente antidroga estadounidense], se ha mencionado su supuesta vinculación con el narcotráfico; a Nazar Haro se le ha recordado un proceso pendiente en San Diego por tráfico ilegal de coches, y al ministro de Gobernación se le ha vinculado con casos de violación de derechos humanos durante su antenor cargo como jefe de la policía política.

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