Defensa y jueces militares eluden a sus desertores

Unos 60 objetores prófugos y desertores se presentaron ayer en distintos gobiernos militares de España para protestar por la existencia del Ejército y del servicio militar y dejar constancia de su situación irregular. A pesar de que sobre varios de ellos pesan órdenes de busca y captura, tan sólo tres fueron detenidos, en Bilbao, y trasladados al cuartel de Mungia. El resto salió sin dificultades de los establecimientos militares donde ellos pensaban que iban a ser detenidos. El Ministerio de Defensa dio como explicación, a través de sus portavoces, que el caso está en manos de los jueces.

En Madrid, los nueve objetores que se presentaron en el Gobierno militar, entre los que se encontraban dos desertores del Ejército, tuvieron problemas incluso para acceder al recinto. Posteriormente, y tras explicar a un comandante de reclutamiento que se negaban a acudir a filas, abandonaron el recinto militar. Los dos desertores se habían declarado objetores después de estar ya incorporados a filas.El resto de los jóvenes qu se presentaron ante el Gobierno militar tampoco están reconocidos como objetores por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CENOC), dependiente del Ministerio de Justicia. Todos ellos, considerados prófugos, debían haberse incorporado a filas hace un mes.

Los dos casos más conflictivos de los presentados ayer son los de José Martín Igual, que abandonó el servicio militar hace un año y medio, durante su primer permiso, y el de José Manuel Fierro, que permaneció en la prisión militar de Alcalá de Henares durante 5 meses y fue puesto en libertad condicional, en diciembre, después de que el fiscal retirara los cargos de deserción y negativa a realizar el servicio militar. A Fierro se le ordenó en diciembre que se incorporara inmediatamente a su destino en Irún, orden que no tiene intención de cumplir. Sobre ellos pesan sendas órdenes judiciales de busca y captura.

Fierro fue considerado por la organización Amnistía Internacional como uno de los tres presos de conciencia que existían en España. Juan Carlos Rois, abogado que acompañó a Fierro, expresó su incredulidad por lo que estaba ocurriendo: "Cuando un organismo tiene conocimiento de la posible existencia de un delito lo debe poner en conocimiento de la autoridad judicial, y a nosotros no nos han permitido ver al juez".

Por otra parte, en Valencia dos objetores se presentaron ayer voluntariamente ante dos jueces militares togados para declarar que rechazan realizar el servicio militar.

"Cuestión política"

Ambos jueces explicaron que no pesaba ninguna orden de busca y captura sobre los dos "insumisos" y que, después de su "autodenuncia", iniciarán sendos procedimientos para investigar su situación, informa Adolf Beltrán. "Aquí no vamos a tratar ninguna cuestión política", afirmó el juez Manuel Perucho, "sino a ver si existe o no delito. Y si lo hay, será perseguido con todas las consecuencias". En el caso de que se confirmase la situación de los dos jóvenes, en el plazo de un mes podrían ingresar en prisión preventiva, según los jueces militares.Un total de 18 objetores llamados a filas los meses de noviembre de 1988 y enero de este año, se presentaron ayer ante las autoridades militares de Bilbao y Vitoria, para reiterar su negativa a cumplir el servicio militar, informa Pedro Gorospe. El CNOC no había reconocido esta condición a ninguno de los jóvenes. En Bilbao fueron detenidos tres sobre los que pesaba una orden militar de búsqueda y captura.

Las autoridades militares de Bilbao, donde se presentaron 11 jóvenes, y Vitoria, donde fueron siete, adoptaron ayer una amplia variedad de medidas contra los objetores de conciencia, al conceder desde retrasos en su incorporación a filas hasta permisos para solicitar al juez togado nuevos aplazamientos. Nueve quedaron en situación de búsqueda y captura y tres fileron detenidos. "Da la impresión", dijo un portavoz del CNOC, "de que están poniendo en marcha un sistema de represión selectiva cuyo objet¡vo es dividir al movimiento".

Los detenidos en Bilbao son Josín Etxezarreta, Gorka Lopategui y Patxo Markuartu, los tres con destino en Burgos. El juez togado de Burgos tendrá que decidir en un plazo de tres días su ingreso en prisión o si les permite esperar en libertad hasta el día del juicio.

En Barcelona fueron ocho los objetores catalanes que se entregaron ayer ante el juez togado. Uno de ellos está considerado desertor, pero todos fueron puestos en libertad. Casos similares se produjeron en Cantabria, Pamplona, Tenerife, Valladolid y Sevilla.