Cantos de sirena

Los cambios producidos en los últimos años en la economía española, desde la reconversión industrial a la ruptura del statu quo bancario, pasando por el saneamiento de las eléctricas, la privatización de Rumasa o el boom del sector inmobiliario, han producido el trasvase a la empresa privada de una legión de funcionarios de elite, hasta entonces al servicio de la Administración socialista. El destino de estos técnicos les ha supuesto, en muchos casos, un cambio en la forma de tratar los problemas, pasando de asumir el punto de vista del juez al de la parte interesada.

Sine ira et studio, el clásico principio de los funcionarios, parecía haberse convertido en la divisa de muchos de estos técnicos, ole cualificación probada y sobre los que ha venido cayendo el trabajo cotidiano de la reforma económica. La siempre mayor rentabilidad de la empresa privada, la estabilidad en el empleo y el relativo cansancio en sus anteriores funciones son las causas principales argüidas por los interesados a la hora de cambiar de destino. Entre ellos figuran socialistas de carné y cuadros técnicos, funcionarios de elite, gestores eficaces y prohombres de la beautiful people. Con transiciones más o menos comedidas, desmarcándose en mayor o menor medida del entorno de sus antiguos patrones, muchos de estos técnicos han pasado a ser parte interesada allí donde hasta ahora les había tocado el papel de asépticos jueces.El conflicto de lealtades producido por el cambio de trabajo ha motivado especulaciones sobre la fidelidad a sus antiguos jefes en los nuevos cargos, a sus nuevos jefes en sus antiguos cargos o simplemente a sí mismos. El más conocido árbitro pasado al sector privado en los últimos meses es, tal vez, Miguel Boyer. Antiguo superministro de Economía y Hacienda, más tarde presidente del Banco Exterior de España, Boyer es ahora presidente de Cartera Central, SA, la sociedad participada por Construcciones y Contratas y la Kuwait Investment Office, inmersa de lleno en la lucha por el poder que dificulta el proceso de fusión de los bancos Central y Español de Crédito (Banesto).

El antiguo responsable de inspección y director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, aparece también en la refriega como uno de los aliados de Cartera Central. De Juan y Carlos Bustelo -también consejero del Banco de España hasta noviembre de 1986- ocupan desde el pasado mes de octubre sendos puestos de consejeros en Banesto, a propuesta de la filial financiera de los Albertos y KIO.

"El funcionario se honra con su capacidad de ejercer precisa y concienzudamente, como si respondiera a sus propias convicciones, la orden de una autoridad superior", señalaba Max Weber, llamando la atención sobre el carácter eficaz pero desprovisto de iniciativas propio del colectivo de técnicos, que a lo largo de los últimos años ha venido nutriendo los escalones medios del más importante de los sectores de la economía española: la banca.

Del FGD a Parretti

Juan Antonio Robles, responsable de la estrategia de venta de activos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD, controlado por el Banco de España), gestionó la venta de Renta Inmobiliaria al holding luxemburgués Interpart, comandado por el entonces poco conocido Giancarlo Parretti. Dos meses más tarde, Robles se incorporaba al staff del empresario italiano como presidente de la propia Renta Inmobiliaria. El rápido trasvase de sus servicios le dio tiempo a negociar, desde el otro lado de la barrera, parte de la propia operación de compraventa, como el compromiso de no presentar una OPA para incluir a los accionistas minoritarios en la operación.

Bárbara Dárder, antigua responsable de la división de merchant bank del Banco Exterior de España, y la ex subdirectora general del Tesoro María Teresa Atienza figuran también entre los técnicos de Economía fichados por el empresario de Orvieto.

Petra Mateos, jefa del gabinete del Ministerio de Economía y Hacienda durante la gestión de Miguel Boyer, ha pasado también al negocio inmobiliario. Mateos es, desde junio del año pasado, consejera delegada de Administración Financiera e Inmobiliaria, SA (AFISA), al tiempo que ocupa uno de los puestos del consejo de Ron Investment, la financiera vinculada a Marc Rich.

Otro socio de los Albertos, esta vez en el negocio inmobiliario, es el ex ministro de Obras Públicas y Urbanismo Julián Campo. Una filial de Construcciones y Contratas, Tabacalera y Mercasa son sus socios de Red de Áreas Parque, SA, una compañía creada para habilitar grandes áreas comerciales en la futura red de autopistas, prevista en la ley de carreteras.

El extraordinario proceso de reconversión de las antiguas filiales de ITT en España dejó tras una serie de confusas operaciones, a la empresa de comunicaciones militares Marconi Española en manos del ex director de la Seguridad del Esta do Julián Sancristóbal.

Una vez saneada, la empresa recibió una inyección de fondos de 2.500 millones de pesetas por parte del grupo vendedor. Aprovechando, además, "las excelentes relaciones de [Julián] Sancristóbal con los cuerpos de seguridad" como uno de sus principales activos, la compañía se convertía en un mirlo blanco en opinión de un directivo de la Administración. Algo más de un año después, la sociedad está en proceso de liquidación.

El bloque institucional de la Comisión de Seguimiento y Control del plan de reconversión industrial de Marconi -integrado por representantes del Ministerio de Industria y de la Unión General de Trabajadores (UGT)- terminó, por otra parte, incorporándose al equipo directivo español de la multinacional norteamericana AT&T, una de las empresas beneficiadas por la operación.

La larga lista de antiguos cargos públicos que han dejado sus funciones tentados por la música de las sirenas de la empresa privada incluye también al padre del primer Plan Electrónico e Informático Nacional y ex ministro de Industria Joan Majó, miembro del staff de la multinacional informática italiana Olivetti tras su salida del departamento.

Autoridad energética

Fernando Maravall, que desde la Secretaría de Estado para la Energía y Recursos Minerales ha pilotado toda la reorganización del sector energético español, ha pedido la baja en el Ministerio de Industria para incorporarse a la empresa privada.

En su nuevo destino, el grupo Central, la autoridad energética se incorporará primero al Banco de Fomento. Más tarde está previsto su paso a la Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA), bien conocida por el secretario de Estado tras su paso por el departamento.