Insumisión

Todo pueblo anhela una paz duradera que permita alcanzar altas cotas de justicia social, muchas veces a pesar de la insolidaria y enfermiza obsesión de sus dirigentes por entrar en beligerancia con otros pueblos. Deseamos la paz porque sabemos que en la guerra perdemos todos, excepción hecha de los fabricantes de armas.Los militares y los gobernantes pretenden hacemos ver que la existencia de un ejército cada vez más sofisticado es el pilar fundamental que sostiene la independencia del Estado, que si no tuviéramos esa fuerza disuasoria correríamos grave peligro de ser invadidos y subyugados. Sintiéndonos indefensos, buscamos alianzas supranacionales, como la Unión de la Europa Occidental (UEO) -léase OTAN-, donde nos codeamos con amigos que resultan ser más peligrosos para nuestra seguridad que los supuestos enemigos de los que nos defendemos. Toda esta estructura es una gran injusticia que se comete en contra del mismo pueblo o pueblos que la mantienen.

Ese billón de pesetas que entre una cosa y otra nos cuesta cada año el Ejército de este Estado es un auténtico robo a las verdaderas necesidades del pueblo cuando la vivienda es inalcanzable para muchos, el desempleo destroza familias y afecta a un 80% de los jóvenes, o cuando la sanidad y la educación dejan mucho que desear. Estamos hipotecando nuestro futuro. Ese astronómico presupuesto sirve, por el contrario, para comprar escuadrillas de aviones que caen sobre nuestras cabezas, para adquirir armas muy sofisticadas hoy y reemplazarlas en menos de 10 años porque son ya anticuadas, para mantener una elite de militares, verdadero poder fáctico que puede volverse contra nosotros. Hay que recordar que desde la guerra de Cuba el estamento militar no nos ha defendido de ninguna agresión externa y ha sido, en cambio, un constante foco de desestabilización interna (golpes de Estado y guerra civil) y de control social (represión de huelgas y protestas populares). Además, tras 30 siglos con la consigna de si vis pacem, para bellum, lo único que hemos conseguido es que cada vez la paz dure menos y las contiendas sean más sangrientas. Ya es hora de cambiar y empezar a preparar la paz.

Y un compromiso serio por la paz supone no sólo hacer desaparecer las armas de destrucción masiva (nucleares, químicas, convencionales...) y ese comercio de armamento que empobrece gradualmente al Tercer Mundo, sino, sobre todo, erradicar los valores que subyacen y mantienen la lógica del militarismo como solución a los conflictos humanos. Para ello es necesario fortalecer la conciencia social, en el sentido de rechazar la pasividad de los ciudadanos frente a esta irracionalidad que se nos impone.

Así, el cumplimiento del popular mandato de "promocionar entre la juventud los ideales de paz, mutuo respeto y entendimiento entre los pueblos" requiere la promoción de actividades y valores dirigidos a potenciar la solidaridad con los pueblos más empobrecidos, el internacionalismo, aprender a considerar el conflicto como un vehículo de cambio y de progreso si sabemos resolverlo sin recurrir a la violencia. Ciertamente, el proceso educativo que se experimenta en el servicio militar resalta los valores contrarios: sumisión, obediencia ciega, jerarquía, nacionalismo exacerbado hasta el punto de racismo, machismo, insolidaridad, culto a la fuerza destructiva... El servicio militar supone la pérdida de las libertades y derechos más elementales: todo tipo de acción política o sindical, cualquier tipo de libertad de expresión, en ocasiones el propio derecho a la vida. Por todo ello, no es exagerado calificarlo de verdadero secuestro legal que supone al joven varón perder un año de su vida, agravando la ya maltrecha economía familiar.

Pero el compromiso adquirido por el Estado social requiere la colaboración del elemento civil de la sociedad en dos sentidos principalmente: por un lado, otorgando la legitimación al aparato militar a través del pago de impuestos y la realización del servicio militar (o servicio civil), y, por otro, haciendo dejación de la propia responsabilidad política de cada persona. Por ello, lo normal es pasar por el aro del servicio militar, deseando que se acabe cuanto antes. Pero hay unos cuantos que, consecuentemente con ese conjunto de valores que configuran el deber ser de la sociedad, deciden rechazar el cumplimiento de una ley carente de lógica ética; su negativa se da en términos de pura y simple desobediencia civil. En el caso del servicio militar, la actitud de los objetores amenaza con poner en evidencia la injusticia de un sistema de trabajo forzado, destinado a convertir a los civiles en soldados.

Cuando esta dinámica permeabiliza la conciencia social de un pueblo hasta el punto de que el Gobierno no se puede permitir el lujo de seguir ignorándolo es entonces, y no antes, cuando se legisla sobre la objeción de conciencia: ya que no se puede eliminar la disidencia, se la integra mediante una opción asimilable por el sistema militar antes de que acabe por socavar sus propias bases. Así, la prioridad básica es que el reconocimiento y el respeto a los objetores nunca lleve a cuestionar el fundamento de la defensa Militar, la necesidad del Ejército. De esta manera, lo que en un principio se configuraba como un claro gesto de denuncia del sistema que propicia la militarización se convierte en un mecanismo más para consolidarlo. La ley de Objeción de Conciencia es un compendio de filtros y mecanismos de control para evitar que el fenómeno se extienda. Además, el previsto servicio civil (PSS) es adornado con vestiduras de protección de la naturaleza y socorro a los sectores marginados de la sociedad para que nadie descarne su verdadera finalidad: perpetuar el servicio militar.

La consolidación de la ley de objeción no sólo produce la desideologización de la objeción de conciencia al privarla de su carácter de protesta antimilitarista, sino que, individualizando y facilitando su trámite, contribuye a disminuir el potencial de los objetores para organizar la desobediencia y hacer Regar a la opinión pública unos planteamientos cada vez más aceptados. La experiencia de los alemanes (donde los objetores son legión) nos avisa de que la objeción de conciencia como opción personal de muchos no reduce en modo alguno la militarización de un pueblo y que el servicio civil encaja fácilmente en los planes militares de defensa.

Esta lógica ha llevado a los objetores del Movimiento de Objeción de Conciencia a negar su colaboración en la continuidad del servicio militar y en la implantación de un servicio civil. Y no se trata de discutir si estos objetores tienen o no derecho a realizar este último, sino que lo que hay que discutir primero es si los militares tienen algún derecho a imponer un servicio militar. Los objetores queremos que la objeción de conciencia siga significando una forma a través de la cual los ciudadanos dejen de renunciar a su responsabilidad y planteen un reto a la militarización con su desobediencia a ser educados en los valores militares. Por ello, continuaremos negándonos a realizar el servicio militar asumiendo una estrategia de no-cooperación no violenta como es la insumisión.

Esta palabra de nuevo cuño, que tanto se prodiga en las paredes de nuestro país, no es otra cosa que una actitud de desobediencia civil ante la conscripción (reclutamiento forzoso) y se traduce en la negativa a incorporarse a filas cuando se es llamado a cumplir con el servicio militar. Los jóvenes insumisos, por tanto, no se esconderán Para evitar la represión que origina su desobediencia a la ley, sino que exigirán de los militares y el Gobierno ser exonerados de esa obligación militar, algo que, de ser conseguido, significará una brecha de escape a la conscripción.

Esta postura de fuerte compromiso personal y que arriesga a duras represalias del poder militarizado (el único preso de conciencia en nuestro país durante el año pasado ha sido un coherente objetor de conciencia) no debe identificarse en absoluto con los desbarres de una izquierda extraparlamentaria que, haciendo gala de un siempre hábil oportunismo político, intenta apropiarse y explotar una vez más un anhelo mayoritario de la sociedad. Entre los objetores insumisos hay todo un abanico de ideologías y afinidades políticas, a excepción, claro está, de aquellas de corte militarista. Por el contrario, al asumir estos jóvenes la transformación de una realidad impuesta, no deseada, lo que deben tener para lograr el objetivo común es el respaldo de todos los ciudadanos. Para cristalizarlo, el Movimiento de Objeción de Conciencia ha elaborado el Maniflesto por la abolición del servicio militar, que está siendo presentado a todas las fuerzas sociales y políticas, al igual que se hará llegar a todos los ciudadanos. En él se manifiesta el absoluto rechazo de esta sociedad respecto del servicio militar, de la ley de objeción como forma represiva de perpetuar el anterior y, consecuentemente, el apoyo para con los objetores que sean represaliados por seguir la estrategia de desobediencia civil ya comentada.

Los objetores insumisos saben que hay que arriesgar algo si se quieren alcanzar mayores cotas de justicia social y por eso son coherentes con la responsabilidad civil asumida. El resto de la sociedad empiezá a despertar del obligado letargo y pide ya la desaparición de estructuras injustas y obsoletas en ejercicio de esa misma responsabilidad civil. Nuestros gobernantes deben ser sensibles a esta demanda.