Galerías recurre ante el Supremo la sentencia que le obliga a unas provisiones sociales de 44.000 millones

Galerías Preciados recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en virtud de la cual los trabajadores de la cadena de grandes almacenes recuperaban el derecho a cobrar una prestación de 100 pagas en los casos de jubilación, fallecimiento e invalidez. Dicha prestación implica la constitución de un fondo de 44.100 millones de pesetas para hacer frente al coste de estos compromisos laborales, que se extienden en un horizonte de 45 años y suponen a lo largo de este tiempo un importe de 1,2 billones de pesetas.

El plazo para la presentación del recurso termina mañana jueves, si bien el equipo jurídico de Galerías Preciados, dirigido por Jesús Ortiz, ha llegado a un acuerdo con los abogados del Estado para definir una estrategia legal conjunta. La sentencia de la Audiencia Nacional podía haber sido recurrida directamente por la Administración del Estado, desde el momento en que la mayor parte del coste referido corre "a cuenta de Rumasa", según el propio contrato de reprivatización, de Galerías Preciados firmado con el grupo Cisneros el 29 de diciembre de 1984.

Estrategia conjunta

No obstante, el Ministerio de Economía y la dirección de Galerías Preciados han decidido que sea la empresa la que asuma el papel activo ante el Tribunal Supremo, con el respaldo de la Administración del Estado.Ambas partes han decidido también la realización de un nuevo informe actuarial que permita definir en la actualidad el coste que se deriva del Plan Especial de Previsión Social suscrito en abril de 1966 por el consejo de administración de Galerías, entonces presidido por Pepín Fernández. Según los cálculos oficiales realizados en diciembre de 1983, el pasivo laboral contingente que supone la aplicación de las 100 pagas a los trabajadores de la empresa, alcanzaría una cifra superior a los 1,2 billones de pesetas en un plazo de 45 años. Dicho cálculo se fundamenta sobre la base de la plantilla ocupada por Galerías hace seis años, que estaba cuantificada en torno a los 9.700 trabajadores y exigiría la dotación de un fondo de 44.100 millones, capitalizado al 11% durante el citado horizonte de 45 años.

En definitiva, y sobre la hipótesis de que la sentencia de la Audiencia Nacional tuviera carácter ejecutivo desde este mismo momento, Galerías Preciados registraría un agujero de 44.100 millones que debería ser asumido en su mayor parte por la Administración del Estado. El grupo Cisneros, en su papel de comprador de Galerías Preciados, al igual que Mountleigh, actual propietario de la cadena de grandes almacenes, sólo se comprometieron a garantizar 5.830 millones de pesetas correspondientes a este pasivo contingente. En realidad, estos 5.830 millones equivalían a una prestación máxima de 1,5 millones de pesetas, para todos los trabajadores afectados por el Plan Especial de Previsión Social.

En cualquier caso, la sentencia de la Audiencia Nacional constituye sólo un primer paso en la resolución de este conflicto. A partir de ahora, los trabajadores afectados -unos 8.500- deberán presentar las correspondientes demandas particulares que serán también recurridas por Galerías Preciados. La solución final deberá esperar, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo. En el supuesto de que el alto tribunal ratifique el fallo de la Audiencia Nacional, la Administración deberá provisionar un fondo cuyo importe será establecido sobre la base del nuevo informe actuarial. La financiación de este fondo podría motivar la solicitud de un nuevo crédito por parte de Rumasa, desde el momento en que fue esta entidad la que asumió los compromisos laborales de Galerías Preciados en el momento de la reprivatización. Otra alternativa sería incluir en los Presupuestos Generales del Estado las dotaciones necesarias cada año.