Duras críticas al Ayuntamiento por querer obtener beneficios a costa de los vecinos

ANDRÉS MANZANO, El Ayuntamiento no avisa directamente a los ciudadanos que están sujetos a expropiación si les advierte cuando los terrenos expropiados se destinan finalmente a otros usos. Es cicatero con los pequeños propietarios y amable con las grandes empresas y de regatear unos cientos de pesetas en una operación en la que va a ganar miles de millones. Las anteriores son un rosario de opiniones de diversos sectores que ven al Ayuntamiento -y a la Administración en general- como una institución voraz que recurre, si es necesario, a comportamientos irregulares en su búsqueda de beneficios.

Como también han reconocido las personas consultadas, la poca escrupulosidad de los ayuntamientos y de la administración en general a la hora de aplicar la ley de -Expropiación Forzosa de 1954 no es algo nuevo ni exclusivo de un color político determinado. Pero en estos momentos las numerosas expropiaciones, iniciadas o en cartera, anunciadas en estos últimos meses de torbellino urbanístico madrileño -proyectos de erradicación de 19 bolsas de pobreza y de otras 10 grandes operaciones urbanas, Campo de las Naciones incluido-, han originado el inicio de una ola de expropiaciones que ha ido seguida casi inmediatamente de las protestas de los afectados, aunque generalmente los contestatarios son pequeños propietarios, y no empresas con intereses en las zonas en cuestión.Falta de información

La crítica más generalizada a la actuación municipal es la falta de información a los vecinos. "A lo largo del año todos nosotros recibimos puntualmente notificaciones para pagar impuestos. Hace un año, el concejal del distrito nos convocó, mediante una circular, a una reunión en la que se iban a explicar las mejoras de arreglo de aceras del barrio. Pero nadie nos avisó formalmente que en el Boletín Oficial del Estado se había publicado la expropiación de nuestros terrenos", afirmó un representante de la asociación de afectados de Sor Ángela de la Cruz, situada entre las calles de Bravo Murillo y de Orense. Es la misma queja expresada por vecinos de la denominada Huerta del Obispo, una zona próxima que, parece ser, irá destinada a equipamientos colectivos.

En Sor Ángela de la Cruz, el precio de la expropiación es de 30.000 pesetas el metro cuadrado. "Nos hemos opuesto, porque luego el Ayuntamiento sacará a subasta los terrenos por el doble, y las empresas venderán los futuros pisos y oficinas a una media de unas 300.000 pesetas por metro cuadrado. No nos vale que nos den un dinero al principio y nos desliguen ya de los beneficios finales. Ahora estamos negociando con el Ayuntamiento que se nos pague, en lugar de en dinero, en derechos de edificabilidad", comentó a este periódico Pablo, comerciante de Bravo Murillei, uno de los responsables de la asociación.

El actual concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Félix López Rey, denunció hace un par de años, en su entonces papel de presidente de la asociación de vecinos de Orcasitas, la venta a una inmobiliaria de parte de unos terrenos que casi veinte años antes se habían expropiado para hacer un parque.

"Por supuesto", afirmó Lopez Rey, "no se sabe que el Ayuntamiento se preocupara de avisar a los antiguos propietarios de que podían ejercitar su derecho a la recuperación de sus propiedades. Al cabo de los años nos encontramos con que Pryconsa se había hecho con los terrenos para construir viviendas, lo que, desde luego, no encaja con el fin público que exige la ley".

La ignorancia generalizada de la ley del Suelo de 1975 y de la ley de Expropiación de 1954 impide a los vecinos velar eficazmente por sus derechos. El artículo 67 de la ley de¡ Suelo señala que los terrenos expropiados deberán ser destinados al fin específico para el que se expropiaron. Si esto finalmente no es así, o si la operación urbana no se lleva a cabo en los plazos marcados en el planeamiento, "procederá a la reversión de los terrenos" a sus antiguos propietarios. La ley de Expropiación Forzosa prevé en su artículo 55 que los propietarios tienen el plazo de un mes para solicitar dicha reversión, "a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado la ine ecución, terminación o desaparición de la obra o servicio público". Estas disposiciones rigen también en el caso de que la obra se haya realizado, pero haya habido terrenos sobrantes.

Así ocurrió en los casos de cuatro o cinco solares expropiados al principio de los años setenta en el polígono de VeguillaValdezarza-Vertedero, en el distrito de Fuencaral. "Los solares se expropiaron", cuenta el abogado de la asociación, Francisco García Fillol, "para uso escolar. Luego averiguamos que los solares nunca se entregaron al Mínisterio de Educación, y ahí siguen. Fue una expropiación gratuita, que privó a los propietarios de unos terrenos que eran suyos sin provecho para nadie".

Agravios comparativos

El sentimiento de agravio se agudiza en aquellos casos en que, como sucede en el Campo de las Naciones, se da una desproporción brutal entre lo que se quiso pagar a los expropiados -412 pesetas por metro cuadradolos beneficios que el Ayuntamiento anunció que iba a obtener -20.000 millones-. Una crítica generalizada es la que se refiere a que el Ayuntamiento se valga de la expropiación de terrenos a los particulares como vía para obtener recursos económicos. Si necesitan dinero, que recurran al endeudamiento o que presionen para conseguir un porcentaje mayor en los presupuestos generales del! Estado, es la opinión más común.

Al margen del aspecto ético y político de la operación -los afectados insisten en que se vúlnera el artículo 47 de la Constitución, referido a que los poderes públicos velarán por la utilización de¡ suelo de acuerdo con el interés general y para impedir la especulación-, los afectados sostienen que se ha vulnerado la propia ley, ya que no se notificó a los interesados el carácter de urgencia de la expropiación, para que pudieran presentar las alegaciones pertinentes.