Jugar con ventaja
LAS CRÍTICAS del sector privado hicieron que el Gobierno aplazase el mes pasado la aprobación de los planes técnicos de radiodifusión, por los que se pretende diseñar el mapa de la radio en España para los próximos años. Todo parece indicar que los borradores correspondientes -para onda media, frecuencia modulada y emisoras municipales- serán estudiados en el Consejo de Ministros de hoy. De acuerdo con el texto del proyecto de real decreto, no habrá concesiones significativas en onda media, pero se ampliará considerablemente el número de emisoras de frecuencia modulada. Concretamente, se contempla la concesión de unas 1.500 nuevas emisoras, de las que un millar serían municipales. Actualmente, el número de emisoras públicas de frecuencia modulada es de 256, y el de erriísoras. privadas, de 383. Tras la aplicación del plan habrá 1.486 emisoras públicas y 716 privadas. Un incremento de casi el 500% frente a uno del 87%. Esa evidente desproporción en la distribución de un bien que se ha tomado escaso -el espacio radioeléctrico- fue uno de los motivos de la protesta de la Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP), que ya en su día había alertado sobre el carácter dirigista e intervencionista del marco legal, la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), en el que se inscribe el decreto-ley a punto de ser aprobado por el Ejecutivo.La desproporción resulta tanto más sangrante, ya que no sólo va contra la tendencia actualmente dominante en los países desarrollados, sino contra las contrastadas preferencias de los ciudadanos: más del 80% de la audiencia actual en FM corresponde a las emisoras privadas, pese a que la potencia instalada de las públicas es tres veces superior. Esa diferencia se acentuará tras la puesta en marcha del plan: 16.400 kilovatios las emisoras públicas, frente a 4.500 las privadas. Está demostrado que el futuro de la radio pasa, en lo esencial, por la FM, por lo que lo que se decide con el real decreto es, nada más y nada menos, que el devenir del medio audio en Espafla para los próximos 25 años.
Por motivos históricos particulares, en España, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, una potente radiodifusión privada ha coexistido desde hace no menos de medio siglo con las cadenas públicas. Esa tradición constituye una ventaja comparativa a la hora de garantizar tanto la eficiencia del servicio como el derecho constitucional a la libertad de información. Pero en lugar de aprovechar esa utilidad para buscar un equilibrio, la legislación, como en el caso de la televisión, se orienta más bien en sentido contrario: hacia una desproporcionada competencia pública, doblada, además, por un creciente intervencionismo que cuestiona el modelo vigente. Se entiende que la Administración, a través de un plan presentado estrictamente como técnico, agudizará el control político de los medios de comunicación audiovisuales.
Las amplísimas facultades reglamentarias que la LOT atribuye al Gobierno conspiran contra la seguridad jurídica de los empresarios privados, sometidos a la ley de bronce de las concesiones. Nadie discute la necesidad de una ordenación racional de las ondas, a fin de evitar un infierno de señales en el dial. Pero la intervención estatal debería limitarse a los aspectos técnicos, sin aprovechar el viaje para introducir todo tipo de cautelas administrativas y plantear una competencia desigual justo en el momento en que la necesaria renovación técnica del medio exige fuertes inversiones.
