El semanario 'The Economist' pide la legalización del consumo y distribución de las drogas

The Economist, el semanario londinense presente en los centros de poder de todo el mundo, ha llegado a la conclusión de que la única vía para controlar la droga pasa por la legalización de su producción, expedición y consumo. "Es un problema que no va a desaparecer y las políticas que se siguen para combatirlo demuestran cada año más su inutilidad", dice Rupert Pennant-Rea, director de la revista. "Hay que buscar otras alternativas. Lo que proponemos no es la solución ideal, pero es la menos mala".

Una vez que la droga sea legalmente asequible, el Estado pondrá en marcha medios educativos, publicitarios y fiscales para su control, según la nueva propuesta, que ha generado un aluvión de cartas sólo superado por las recibidas en 1956 con motivo de la crisis de Suez.El semanario cree que la presente crisis de la droga tiene un extraordinario parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos en los años veinte, cuando la ley seca puso en manos de los gánsteres la atención a una demanda que, librada del estigma de la ilegalidad, tiene mucho menos coste económico y social. "Lo que nos preocupa no es sólo que la salud de los individuos se vea dañada, sino la participación de gigantescas bandas criminales que destrozan las vidas de individuos y grupos y, lo que no es menos grave, se han apoderado de cinco o seis países en Latinoamérica".

Barrera

El director de The Economist ve en la criminalización una barrera que impide a los drogadictos acceder al tratamiento médico. El consumo, en especial de heroína, les hunde cada vez más en la delincuencia, "pues el único modo que tienen de financiar la dependencia es creando nuevos adictos con los que trapichear", y ese delito les aparta de donde pueden encontrar soluciones. De ello sólo se benefician "los grandes traficantes, al tiempo que los Gobiernos niegan interesantes oportunidades médicas a institutos oficiales para prevención y cura, y, tampoco hay que olvidarlo, rechazan atractivas operaciones fiscales. Porque los ingresos que el Estado obtiene por gravar los malos hábitos del hombre son enormes".The Economist, con una tirada de 355.000 ejemplares, cree que la renuncia de los Estados a la gestión abierta del negocio de la droga supone el abandono de astronómicas cantidades de dinero, "que podrían dedicarse a rehabilitación y que ahora va a los bolsillos de los traficantes que, además, no pagan impuestos". La revista estima que un pequeño número de criminales maneja al año del orden de los 100.000 millones de dólares (unos 11,5 billones de pesetas), más que el producto nacional bruto de 150 de los 170 países del mundo.

Pennant-Rea considera un error la división entre drogas legales (tabaco y alcohol) e ilegales (marihuana, cocaína y heroína). La aplicación del sistema puede variar de país a país, pero los nórdicos dan un idea. "En los países escandinavos los Gobiernos han optado por vender alcohol de forma muy restrictiva y por mantener fuertes programas de educación contra él. La gente piensa que cuando se hable de legalización se van a producir grandes campañas publicitairias a favor de la droga, que los niños van a ser inducidos a comprar, y lo que ocurre es exactamente lo contrario, como han demostrado esos países".

La despenalización de la droga no puede hacerse a medias. Todo el proceso ha de ser transparente y de ese modo se evitará la repetición del caso de "millones de jóvenes cuyas vidas han sido destruidas por este negocio, porque nunca se les dio la oportunidad de realizar una experimentación consustancial a la juventud con ayuda de profesores, padres y médicos, y se les puso en manos de gánsteres y policías".

Llegar a la conclusión de que hay que legalizar todo el negocio de la droga "no ha sido fácil y ha costado interminables discusiones" en el consejo editorial de una revista que desde 1843 es el epítome del conservadurismo liberal británico.

Pragmático

El maridaje del establishment con la cultura de la droga no es contradictorio, según Pennant-Rea. "Desde su fundación, The Economist ha optado por la libertad del individuo frente al colectivismo estatal. La revista tiene otra dimensión pragmática y utilitaria, y es que se pregunta si algo funciona. Si funciona, bien; si no, piénsese de nuevo sobre ello", dice el director, que a sus 41 años ocupa el cargo desde hace tres."Nuestra posición con respecto a la droga es una mezcla del pragmatismo -la lucha contra la droga en su forma actual no sirve- y la creencia de que la gente tiene más juicio sobre sus intereses que los Gobiernos. Éste es un ejemplo de estúpida interferencia estatal en la vida de la gente, a la que se llama delincuente cuando no lo es".

Las reacciones a la propuesta han estado muy divididas entre quienes desde el Gobierno tachan al semanario de irresponsable y quienes la han recibido con albricias. A Pennant-Rea, lo que más le ha interesado es la buena acogida que la idea ha tenido en personas próximas al poder en Estados Unidos.