Hacienda pretende llevar a cabo una 'revolución fiscal' en Canarias para garantizar un mayor control

El pulso que mantiene la comunidad autónoma canaria con la Administración central, tras su negativa a aplicar el desarme arancelario acordado con la Comunidad Europea (CE), puede desembocar en una revolución fiscal que permita a Hacienda obtener unos ingresos acordes con el volumen de actividad económica en Canarias. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, se trasladará al archipiélago a mediados de este mes, para poner sobre la mesa un paquete de medidas que incluye, entre otras, la sustitución del ITE, que se aplica todavía en Canarias, por el IVA.

En un comunicado hecho público ayer, Hacienda anuncia que "se estudiará la adopción de medidas necesarias para exigir el cumplimento de las obligaciones que las leyes exigen" para la aplicación del desarme arancelario del 15% -el 47,5% acumulado- a partir del uno de enero de este año por Canarias frente a las importaciones procedentes de la CE. En el comunicado se constata el derecho que asiste a los afectados de acudir ante los tribunales por la ilegalidad del cobro de unos aranceles superiores a los establecidos a partir de esa fecha.Están además en juego los 45.000 millones de pesetas que en una última oferta, Hacienda propuso a los presidentes de los cabildos insulares, para compensar, de aquí a 1993, las pérdidas sufridas por el desarme arancelario frente a la CE. Las negociaciones se interrumpíeron a raíz de la crisis de Gobierno canario que desembocó en la formación de un nuevo ejecutivo autonómico.

En esta última oferta de Hacienda se contemplaba una compensación que tomaba como base los 10.516 millones de pesetas ingresados en 1985, aumentados cada año hasta 1993 -cuando el arancel será cero- en un porcentaje que sería el del crecimiento económico de cada año.

La propuesta de Canarias en esas negociaciones era que, hasta 1988, se compensaran todas las pérdidas de ingresos provocadas por la reducción del arancel (unos 11.000 millones de pesetas) y, a partir de ahí, aceptaban la propuesta de revalorización según el PIB, informan fuentes de Hacienda. El montante de la petición de Canarias ascendía a 70.000 millones de pesetas, según las mismas fuentes.

Tras la resolución de la crisis de Gobierno en Canarias y en los últimos días del año, se produce una llamada de teléfono al rninistro de Economía, Carlos Solchaga, para comunicarle la decisión de suspender la rebaja aranceleria prevista para este año. Solchaga no se puso al teléfono, porque, según fuentes de Hacienda, el ministro no estaba al tanto del día a día de las negociaciones y el secretario de Estado, Borrell, se encontraba de viaje.

Pase de pelota

El meollo jurídico de la cuestión está en que Canarias plantea que la competencia del desarme corresponde a la Administración central, por lo tanto, le pasan la pelota al ministro, mientras que Hacienda se acoge a que la Administración central no puede tomar la iniciativa si no es; por previa comunicación del Gobierno insular. Fuentes, de Hacienda señalan que esta comunicación todavía no se había producido ayer yque lo único habido al respecto es una carta solicitando "apoyo técnico" para llevar a cabo el desarme. La carta fue respondida por el ministro prestando este apoyo, aunque recordando la obligación de aplicar la rebaja arancelaria.

En las mismas conversaciones, suspendidas en diciembre, Hacienda proponía llevar a cabo una revolución fiscal en el sistema impositivo de Canarias. El diseño de estas medidas fue concretado hace días en una reunión celebrada en el monasterio de El Paular (Madrid) por los altos cargos de Hacienda. Con estas medidas bajo el brazo, Borrell se trasladará a Canarias los próximos días 16 y 17 de febrero.

Las conversaciones se enmarcan dentro de un proyecto de reforma del régimen económico fiscal (REF) que afecta al archipiélago a raíz de la incorporación de España a la CE. Esta reforma traería consigo un nuevo sistema de participación de Canarias en los ingresos del Estado e incluso una reconsideración de su situación especial en la CE.

La principal medida consistirá en cambiar el actual impuesto sobre tráfico de empresas (ITE) por el impuesto sobre el valor añadido (IVA), tal como está establecido en todo el resto del Estado español.

En Hacienda se considera que el ITE aplicado en Canarias no es un impuesto moderno, ya que no grava ni la producción ni las ventas y por lo tanto, presenta serias dificultades de control ya que se deja fuera la mayor parte de las transaciones económicas que se llevan a cabo en el archipiélago. El ITE canario grava las ejecuciones de obras, los arrendamientos de bienes y prestación de servicios y las transmisiones de bienes inmuebles. Se trata de un impuesto estatal que gestiona el Estado.

Otro argumento para la aplicación del IVA en Canarias es que, tras su implantación en todo el Estado, en Canarias se dejó de recaudar el impuesto sobre el lujo que gravaba únicamente, la tenencia y disfrute de embarcaciones y aereonaves. Este impuesto desapareció y no fue sustituido.

En el impuesto de sociedades, otra de las peculiaridades del archipiélago es que, mientras en el resto del territorio español se aplica las exenciones por inversión cuando éstas se llevan a cabo, en el archipiélago se mantiene la antigua figura de la "provisión para inversiones", lo que permite importantes deducciones en base a futuribles. Sobre este particular, también se presentará una reforma.