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IU en la Asamblea niega valor jurídico al acuerdo municipal sobre Valdebernardo

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Asamblea de Madrid, Isabel Vilallonga, negó ayer "la validez jurídica" del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid para adquirir mediante la fórmula de expropiación convenida los terrenos del polígono de Valdebernardo. Esta fórmula, que supone cambiar suelo por viviendas de precio libre, fue adoptada por el pleno del Ayuntamiento el pasado viernes como único medio de sacar adelante el proyecto de construcción de 6.000 viviendas sociales en una zona comprendida entre Moratalaz y Vallecas.

Isabel Vilallonga calificó también de "chapucero" este procedimiento de intervención pública en el suelo y crítico la "desastrosa" gestión urbanística del concejal Jesús Espelosín, al tiempo que apoyó los planes de Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial, que, a su juicio, "parecen más coherentes".

En una comparecencia ante los periodistas, la portavoz de IU denunció que algunos grupos políticos, ante el problema de la especulación del suelo en Madrid, presentan una actitud "hipócrita". Isabel Vilallonga acusó al CDS -como hizo el pasado jueves el portavoz del Gobierno regional, Ramón Espinar-, de incumplir en el Ayuntamiento sus propios acuerdos parlamentarios sobre viviendas sociales, y apeló a la "coherencia política" para garantizar "la moralidad en la vida pública".

"El pacto del CDS y PP para no dar el plácet a la operación de Valdebernardo", señaló Isabel Vilallonga, "obligó al grupo municipal de IU a facilitar un acuerdo", a través de la fórmula de expropiación convenida, que no supone un paso atrás. Sin embargo, el grupo parlamentario de IU considera que la solución adoptada "no es satisfactoria".

Por otra parte, el grupo parlamentario del CDS ha calificado de "contundente fracaso" el planteamiento urbanístico de Eduardo Mangada. En un comunicado público, el CDS asegura que "no existe contradicción alguna entre una resolución genérica de voluntad política [la construcción de viviendas sociales] y la valoración concreta del grupo municipal centrista sobre la conveniencia o no de utilizar un expediente expropiatorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de enero de 1989