El CDS y el PP echan por tierra el 25% del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid

El Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS) se han dado la mano en el Ayuntamiento para vetar un polémico proyecto que supone el 25% del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid. La propuesta, que pasará mañana por el pleno municipal, consiste en expropiar el polígono de Valdebernardo (entre Moratalaz y Vallecas) para levantar 6.000 viviendas de protección oficial. El PSOE e Izquierda Unida se han quedado solos defendiendo "un plan que pondría freno a la especulación". El CDS y el PP no ven razones suficientes para "entrar a capón y expropiar los terrenos".

Nada menos que 3.700 millones de pesetas están en juego. Ése es el dinero reservado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 1988 para hacer frente a la expropiación de unos terrenos situados a la altura de la estación de metro de Pavones. Allí estaba prevista la construcción de 6.000 viviendas de protección oficial (VPO) para familias de escasos ingresos.Todo parece indicar ahora que el proyecto se quedará en agua de borrajas.

La Consejería de Política Territorial, responsable del proyecto, llevaba varias semanas calentando motores, en espera del necesario visto bueno del Ayuntamiento. Pero el plan se ha encontrado con el escollo insalvable de los concejales del PP y del CDS, que suman mayoría en el pleno y que pueden cortar de cuajo la iniciativa de expropiación de los terrenos.

Ambos grupos ya manifestaron su posición en contra en la comisión informativa de urbanismo de la semana pasada, y han anunciado que su postura no variará en el pleno.

El consejero de Política Territorial y padre de la propuesta, Eduardo Mangada, señala que en este caso el fin justifica los medios: "He pedido a los grupos políticos del Ayuntamiento que reconsideren su postura porque peligran los intereses de muchos madrileños afectados por el gran déficit de viviendas sociales".

Algo parecido piensa Francisco Herrera, concejal de IU. "Lo que nos jugamos en esta operación es la capacidad de los poderes públicos para poner coto a la especulación privada",afirmó ayer. "Si la Administración no enseña los dientes con medidas excepcionales, el precio del suelo selpirá subiendo y subiendo".

"Más rápido y menos costoso"

Enrique Villoria, del Partido Popular, y Javier Soto, del CDS, ven las cosas de otro color.Villoria opina que hay un procedimiento "mucho más rápido y menos costoso que la expropiación por la fuerza". El concejal del PP es partidario de seguir en este caso el ejemplo del propio Ayuntamiento de Madrid, que ha negociado con los propietarios de suelo la construcción de 8.000 viviendas sociales a cambio de 4.700 pisos de renta libre.

"Nos parece mejor llegar a acuerdos que entrar a capón". Así justifica el concejal centrista Javier Soto su oposición al proyecto. Soto es también partidario de que sea el Ayuntamiento, y no la Comunidad, quien lleve la iniciativa de este proyecto.

El plan de Valdebernardo es una cuarta parte del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid para los próximos cuatro años. El proyecto Madrid-Sur (6.000 viviendas de protección oficial en Vallecas) y la construcción de unas 12.000 viviendas de promoción pública en diversos puntos de la región completan el programa.

La Comunidad pretendía que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) fuera el beneficiario de la expropiación de los terrenos de Valdebernardo y gestionara directamente la concesión de las viviendas a cooperativas y agentes sociales.

Los pisos, destinados a familias con ingresos entre dos y tres veces y media el salario mínimo interprofesional (1.307.000 y 2.287.000 pesetas anuales), iban a salir a la venta por menos de la mitad de precio de su valor de mercado. La Comunidad confiaba en que esta bolsa de viviendas sociales facilitara la baja del precio del suelo en la zona.

Los grupos municipales del PP y del CDS han propuesto que se respete la proporción de vivienda social (90%) y de mercado libre (10%) prevista inicialmente para la zona o que se llegue a un nuevo acuerdo con los propietarios de los terrenos. En opinión de ambos grupos, "la expropiación supondría una grave pérdida de dinero y de tiempo en innecesarios trámites jurídicos".