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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Vale la pena

EL ESCRITO difundido ayer por la organización terrorista ETA y el comunicado dado a conocer horas después por el Ministerio del Interior parten de premisas radicalmente opuestas y corresponden a lógicas muy diferentes. Pero no se contradicen. Es decir, que hay una voluntad deliberada por ambas partes de no cerrar por adelantado expectativas que podrían abrirse paso en los próximos meses. El escepticismo, manifestado ya en las primeras reacciones de los partidos vascos, es obligado, pero sería imprudente llevarlo hasta el punto de negar cualquier viabilidad a la hipótesis de un final pactado de la violencia.La falta de elementos informativos suficientes en el comunicado del Gobierno -por oposición a la prolijidad del hecho público por ETA- hace que cualquier respaldo a la iniciativa gubernamental tenga necesariamente algo de apuesta. Por lo demás, al aceptar el principio de que es posible desmentar el mecanismo de la violencia por una vía dialogada -lo que implica concesiones-, el Gobierno asume unos riesgos políticos ciertos. Y ello, porque dista de ser evidente que la mayoría de la población española, ante la que debe responder el Gobierno, esté dispuesta a asumir sin más que personas responsables de crímenes horribles puedan eludir a la justicia. Pero, con todo, el objetivo de acabar con la pesadilla terrorista es tan digno de aprecio que vale la pena apurar esta esperanza -probablemente la última, según el Ministerio del Interior- de un final no traumático de ETA.

Basta comparar el escrito ahora difundido por ETA con sus planteamientos tradicionales respecto a la negociación para entender hasta qué punto su posición ha quedado debilitada. Ya no se habla de los poderesfácticos como interlocutor, ni se exige la previa aceptación de la alternativa KAS para comenzar a hablar, ni se impone la publicidad de las conversaciones, ni se considera que el alto el fuego temporal ha de ser resultado y no premisa de los contactos. La derrota política que para ETA ha supuesto el acuerdo de los partidos democráticós vascos, más la detención en Francia de algunos de sus dirigentes más significados, son factores decisivos en esa evolución. Naturalmente, siempre queda la duda de si con la oferta de tregua se pretende únicamente un respiro para restañar las heridas. La lectura de los textos internos de los terroristas, en los que siempre se considera que la lucha armada habrá de reanudarse un día u otro, haya acuerdo o no, parece sugerir que esa duda resulta fundada. Pero la apuesta implícita es que si la tregua se prolonga suficientemente y las fuerzas representativas de la mayoría de los vascos mantienen una actitud unitaria y coherente, consideraciones más razonables se abrirán paso en el mundo del abertzalismo radical, tornando muy improbable en la práctica la vuelta al activismo criminal. La experiencia de los polimilis indica que si una parte significativa renuncia a la violencia, los recalcitrantes, cada vez más aislados, se ven imposibilitados de reanudar aquélla.

Para que la moderada esperanza que ahora se abre llegue a fructificar es imprescindible que los contactos se mantengan estrictamente en el marco definido por el acuerdo de Ajuria Enea. A saber, que ETA carece de legitimidad para negociar en nombre del pueblo vasco. Y, por tanto, que nada que afecte a los ciudadanos, figure o no en la alternativa KAS, podrá ser objeto de transacción. Pero también, que si ETA da muestras de voluntad de renunciar a la violencia podrán arbitrarse medidas tendentes a dar una salida humana generosa a la situación de las personas atrapadas en el mecanismo de esa violencia. La distinción entre negociación política y negociación técnica resulta en parte artificiosa, porque es evidente que negociar alguna forma de amnistía entra de lleno en el ámbito de lo político. Pero lo que sí tiene sentido es diferenciar entre cuestiones que afecten al conjunto de los ciudadanos y otras que sólo se refieran a las personas de los activistas. Mantener esa distinción, en la línea del pacto vasco, es necesario por razones de principio, por coherencia democrática. Pero también por razones de eficacia. Cualquier desbordamiento de ese marco sería interpretado por los sectores más duros del radicalismo violento como una invitación a proseguir la escalada.

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