Denunciada por usurpación la directiva de un colegio de Aravaca

Una fuerte lucha de intereses ha estallado entre los padres de alumnos del International Shool Aravaca S. A. y los nuevos directores del centro. El cambio de manos del 51 % del capital de la socieded está en el origen del enfrentamiento, que ya ha provocado el cese de la anterior directiva, el relevo de varios profesores y amenazas de expulsión a alumnos. Por estos y otros motivos, uno de los padres ha presentado una denuncia en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en la que acusa a la nueva directiva de "usurpación" de poderes y cargos. El MEC ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.El enfrentamiento comenzó en el primer trimestre del curso escolar, justo cuando se produjo el cambio en la estructura accionarial. Un grupo venezolano, socio capitalista que apoyaba a los anteriores gestores y al resto de los padres-accionistas, decidió vender su participación del 51% del capital a la sociedad MIDAS, presuntamente relacionada con el grupo Montesori (colegios ingleses bilingües), relación que niega la nueva directiva.

Las acciones, según algunos accionistas, se vendieron al 170% de su valor nominal. Los venezolanos tenían 76 millones de pesetas del total del capital (unos 150 millones de pesetas).

Esta maniobra encrespó a unos 30 accionistas y padres de alumnos que habían fundado el colegio con el apoyo venezolano, para "huir", por distintos motivos de la cadena Montesori. El paquete de acciones que poseen, un 43% aproximadamente, es insuficiente para seguir controlando el colegio.

A partir de ese momento se inició una lucha que, según los padres, ha afectado a la calidad de la enseñanza que se imparte a unos 260 alumnos. Primero cayó la anterior directiva. Luego siete de los 32 profesores del centro. Más tarde cinco alumnos, hijos de padres-accionistas, fueron amenzados de expulsión. El siguiente paso lo dió Cesar Pérez-Chirinos, presidente de la asociación de padres. El pasado dos de enero presentó una denuncia en el MEC contra los nuevos directivos, quienes niegan todas las acusaciones y alegan que los cambios son legales.