Diez años sin jurado

LA FALTA de voluntad política por parte del Gobierno y el escaso entusiasmo del colectivo judicial por una medida que de alguna manera rompe su monopolio jurisdiccional se han dado la mano para que, junto a otros importantes proyectos, la implantación del jurado en España haya sido aplazada ad calendas graecas. A estas alturas hay serias dudas de que alguna vez llege a funcionar esta institución de participación popular en la administración de justicia. Son ya 10 años de incumplimiento de este mandato constitucional, seis de olvido por parte del partido gobernante de uno de sus compromisos electorales y tres de inobservancia del plazo de un año fijado por la ley orgánica del Poder Judicial de julio de 1985 para el envío al Parlamento del proyecto legislativo que introduzca el jurado en el proceso penal.Las razones dadas en un primer momento para los sucesivos aplazamientos apelaban a la prudencia con que debía ser reintroducida en la justicia penal una institución históricamente tan controvertida como la del jurado. Pero desde hace algún tiempo el Gobierno ha dado a entender claramente que el jurado no se implantará antes de que se de término a la reforma del conjunto de leyes procesales y se ponga en marcha una organización y una demarcación de nueva planta de la Justicia española. Vistos el escaso exito del Gobierno en la reforma global de la justicia y las dificultades insuperables que parece encontrar en este cometido, hacer depender de condiciones tan arduas de alcanzar la implantación del jurado es algo así como aplazar sine die la realización de una tarea que, por más que se la posponga una y otra vez, no deja de ser un imperativo constitucional.

Las dos cuestiones previas de cuya resolución hizo depender el Gobierno durante bastante tiempo la implantación del jurado han sido ya resueltas. Efectivamente, el Gobierno se ha convencido, tras reiteradas encuestas, del apoyo mayoritario de los españoles a ser juzgados por tribunales conjurado y se ha inclinado finalmente a favor del jurado puro, formado exclusivamente por ciudadanos, después de haber deshojado la margarita durante algunos años entre esta forma y la del escabinado o jurado mixto, formado por jueces profesionales y legos. Despejar las dudas existentes sobre estas cuestiones y elegir la fórmula técnico-jurídica más apropiada para la introducción del jurado ha podido, con toda razón, ser justificado desde la prudencia política que debe animar toda decisión de gobierno. Nadie ha cuestionado que el Gobierno llevase a cabo esta tarea de acuerdo con sus criterios y tomándose todo el tiempo que ha considerado necesario. Pero que últimanente condicione la entrada en vigor del jurado a la reforma global de la organización judicial es algo que, más que prudencia política, revela una profunda desconfianza hacia la intervención popular en la administración de justicia, y en definitiva, un apenas oculto propósito de ponerse en este punto la Constitución por montera.

El argumento puesto en circulación por el Gobierno de que la actual situación de atasco de los tribunales se agravaría con la implantación del jurado huele más bien a excusa. Parece difícil imaginar un deterioro aún mayor del que actualmente padece la justicia española precisamente a causa, en gran medida, de la incapacidad y del amateurismo de que ha hecho gala el Gobierno en este terreno. Más bien debería ocurrir lo contrario: el rodaje de la institución del jurado, con la debida prudencia y con todas las cautelas que se considerasen necesarias, aportaría una experiencia inestimable sobre los cambios a afectuar tanto en el proceso como en el ordenamiento penal. Los juicios con jurado que a título experimental se han celebrado estos últimos años demuestran la responsabilidad y la madurez de los ciudadanos en el desempeño de esta tarea. Su implantación definitiva sería un buena fórmula para romper la rutina y la ineficacia que han hecho presa de la justicia penal española.