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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ningún secreto

A LA vista de las informaciones sobre la detención del jefe de ETA en Bayona, el fiscal general ha ordenado abrir diligencias sobre las eventuales relaciones entre el diputado abertzale José María Montero y la cúpula terrorista. Las explicaciones adelantadas por el diputado respecto a los 100 millones ingresados en su cuenta parecen verosímiles. Su negativa a confirmar o desmentir que había estado con Josu Ternera poco antes de la detención de éste equivale casi a un reconocimiento. Pero no es evidente que tales contactos, de existir, sean motivo para una condena política o, mucho menos, para proceder judicialmente contra el diputado o el partido al que representa.La naturaleza de las relaciones entre, ETA y HB no es ningún secreto, a no ser que se considere un detalle sin importancia la inclusión en sus listas electorales de miembros de la organización terrorista o que dirigentes del partido abertzale proclameja que "votar a HB es votar a ETA". Pero derivar el debate sobre la pacificación hacia la cuestión de la deslegalización o no de Herri Batasuna (HB) supone dar a los seguidores del nacionalismo radical una coartada para esquivar el asunto principal. A saber, su absoluta falta de autonomía respecto a los asesinos.

En las elecciones europeas de 1987, Herri Batasuna obtuvo 360.000 votos, de los cuales algo más de 150.000 son de fuera del País Vasco. Una buena parte de esos votos procedieron de Cataluña, y más concretamente de Barcelona, ciudad en la que apenas unos días después de los comicios ETA hizo estallar una bomba previamente colocada en un supermercado: más de 20 muertos. Sin duda, los que votaron la candidatura encabezada por el abogado Montero no tenían la impresión subjetiva de estar prestando su apoyo a matanzas como la de Hipercor. En primer lugar, porque admitir eso resultaría psicológicamente insoportable: hasta los terroristas más acreditados afirman que sufren como nadie ante los inevitables efectos de su heroica lucha. En segundo lugar, porque hace años que la sociología halló el casillero adecuado para tranquilizar las conciencias de los que tiran la piedra y esconden la mano: el de quienes dicen compartir los fines, pero no los métodos de los terroristas.

Esa distinción implica considerar que existen unos fines de ETA separables de los métodos empleados para imponerlos. Pero es la propia ETA, en sus papeles internos, quien afirma lo contrario. Como acaba de escribir Xabier Arzalluz, de esos papeles se deduce que ETA amenaza con las armas no sólo a quienes no aceptan los postulados nacionalistas, sino "a cualquier proyecto nacionalista que no sea el suyo". De ahí que, tratándose de una imposición, el sistema propugnado por ETA no pueda funcionar "sin censuras, cárceles o campos de concentración". El método determina los fines. La coartada se completa a veces con consideraciones sobre la distinción entre los métodos de ETA y los de HB. Pero hace años que la única actividad constatable de HB consiste en dar cobertura política a los planteamientos de ETA. La discusión sobre cuál es la jerarquía establecida entre el frente político y el militar tampoco tiene ya sentido. El asunto lo aclara, además de los papeles internos de la Coordinadora KAS (véase EL PAÍS del lunes 16), la experiencia de las purgas de quienes han osado disentir mínimamente de la autoridad militar competente.

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Para que ETA reconozca su derrota política y se avenga a negociar su autodisolución parece imprescindible, en estos momentos, hacer llegar a ese mundo cerrado de¡ radicalismo abertzale la convicción de que ETA es ya un obstáculo, seguramente el principal, para la realización de sus ideales nacionalistas. Eso no se conseguirá con medidas administrativas, porque la disolución legal de HB no garantiza la volatilización de sus 200.000 votantes. Pero tampoco favorece mucho ese objetivo la actitud de quienes, aun condenando con toda la fuerza de sus pulmones a ETA, no renuncian a obtener ventajas políticas derivadas, bien de la inestabilidad creada por ETA, bien de eventuales concesiones asociadas a la negociación para el cese de la violencia.

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