La actitud frente a la violencia divide a la central independiente de la Ertzaintza
El sindicato independiente de la Ertzaintza (policía autónoma vasca), ERNE, se encuentra dividido desde el pasado noviembre en dos sectores, enfrentados en torno a los principios fundacionales y al papel de la policía en la defensa de la legalidad democrática y frente a la violencia. ERNE fue la primera central sindical organizada en la policía vasca, y cuenta con 500 o 750 afiliados, según las diversas fuentes. En su actividad sindical se ha caracterizado por una oposición frontal a la política de la Consejería de Interior del Gobierno autónomo.
La crisis podría desembocar en una escisión este mes, coincidiendo con la elección de la nueva junta directiva. El detonante del conflicto fue la destitución como secretario de la junta, en noviembre, de Gonzalo Dúo, uno de los representantes más destacados del sindicato. Dúo y un grupo minoritario de la directiva afirman no estar dispuestos a renunciar a reivindicaciones históricas de ERNE como la desmilitarización de la Ertzaintza.
La corriente moderada, que controla por mayoría la actual junta, está representada por el ex secretario general, Endika Etxeandia. Esta corriente apunta como telón de fondo de las diferencias a la actitud de ambos sectores ante el papel de la policía en su función de garante de la legalidad democrática. La corriente encabezada por Etxeandia sostiene la necesidad de asumir como sindicato la función po.licial represiva en la medida que se ejerce en un marco democr4tico. Hasta el estallido de la crisis, ERNE ha privilegiado una concepción policial preventiva.
Esta concepción e xiclusiva, según el sector moderado, puede llegar a encubrir una actitud ambigua o escapista ante fenómenos de violencia social o terrorista. Otro motivo de enfrentamiento entre ambas corrientes es el tratamiento de los afiliados acusados de actuaciones ilegales.
Mientras el sector fundacional quiere facilitar asistenciajurídica y suspender como afiliados a los responsables de estos hechos hasta que haya resolución judicial, el sector moderado sostiene la necesidad de defender a los sindicados incluso en situaciones de posible ilegalidad y rechaza cualquier suspensión.
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