La declaración separada del matrimonio tendrá que esperar a la sentencia del Constitucional

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que le adoptan medidas urgentes sobre tributación de la familia en los impuestos sobre la renta y el patrimonio. El Gobierno optó por mantener la declaración conjunta de los matrimonios que tengan dos rentas, sustituyendo la actual fórmula de deducción variable por una tabla correctora de doble entrada. Carlos Solchaga explicó que "sabemos que, cuando el Tribunal Constitucional dicte la sentencia esperada, tendremos que modificar un 90% de la ley del IRPF, pero creemos conveniente esperar hasta entonces".

JAVIER AYUSO, Cuarenta días después de que el Tribunal Constitucional pusiera en tela de juicio la tributación conjunta en el IRPF de los matrimonios con dos rentas, el Gobierno ha decidido mantener su filosofía, introduciendo una fórmula correctora que disminuya la discriminación fiscal de la familia.En la últimas semanas se habían barajado todo tipo de teorías sobre las reformas que podía introducir Hacienda en la tributación de la familia. Al final, el equipo de Carlos Solchaga ha optado por esperar a que haya sentencia firme del Tribunal Constitucional para decidir sobre la declaración por separado de ambos cónyuges en el caso de que trabajen.

El ministro de Economía y Hacienda explicó ayer la decisión del Gobierno, señalando que ,la declaración por separado del matrimonio no es tan sencilla como parece. Esa reforma tiene muchas aristas y trae consigo otras discriminaciones. Habría que preguntarse si se declaran por separado también las rentas de capital, cómo se regulan las deducciones por hijos y las de inversión en vivienda... La fórmula que hemos elegido muestra la voluntad del Gobierno por compensar económicamente a los matrimonios en los que trabajan ambos cónyuges hasta que se conozca la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. En ese momento, estoy seguro que tendremos que modificar cerca del 90% de la ley del IRPF".

Nueva fórmula

El modelo elegido por Hacienda consiste en sustituir la actual fórmula de deducción variable por una tabla de doble entrada, en que la deducción aplicable se realizará en función de la base imponible conjunta de la unidad familiar y de la diferencia existente entre los ingresos de uno y otro cónyuge. De esta forma, cuanto más parecida es la renta de marido y mujer, mayor es el ahorro que se produce.

La nueva tabla de doble entrada se basa en tres tramos diferentes de renta, que tienen un tratamiento distinto, manteniendo los criterios de progresividad del impuesto. Tan sólo el primer tramo -base imponible de hasta cuatro millones de pesetas-, tiene un tratamiento neutral respecto a la posible declaración separada. Según Hacienda, el 86,6% de los matrimonios con dos rentas se encuentran en este tramo.

El segundo tramo, rentas entre cuatro y nueve millones que supone el 12,7% de los matrimonios afectados, tendrá una penalización máxima del 20%, mientras que el tercer tramo -más de nueve millones de base imponible- tiene una compensación máxima de 800.000 pesetas, aplicándose la progresividad actual del impuesto. Este último tramo afecta al 0,7% de las familias.

Según Solchaga, el coste fiscal de estas medidas ascenderá a 65.000 millones de pesetas, entrando en vigor en la declaración de la renta de 1988. "Hemos preferido", dijo el ministro, "tomar estas medidas ahora que cruzarnos de brazos, para no perjudicar a las familias que están presentando la declaración de forma conjunta".

El decreto ley recoge también una: actualización del mínimo exento y las deducciones del impuesto, extraordinario sobre el patrimonio. El límite determinante de la obligación de declarar pasa de cuatro a nueve millones de pesetas. La reducción gene ral en la base imponible se incrementa de seis a nueve millones, cifrándose en 18 millones para el matrimonio. Igualmeute se actualizan las deducciones por hijos menores de 25 años -pasan de 750.000 pesetas a 1,5 millones- y por hijos inválidos, invidente o mutilado -de 1,5 a 3 millones-.

Según el Ministerio de Economía, esta medida liberará de la obligación de hacer la declaración de patrimonio a unos 250.000 contribuyentes.