Amedo firmó el DNI falso que facilitó a un mercenario portugués

El subcomisario José Amedo Fouce firmó de su puño y letra el carné de identidad falso que facilitó en Bilbao al mercenario portugués Paulo, Figueiredo, Fontes y que posteriormente le sería intervenido por la policía francesa, según un informe de un perito caligráfico que fue solicitado por el juez Baltasar Garzón. Este informe señala que fue la misma persona -Amedo- la que firmó el documento de identidad verdadero del subcomisario, el falso que le autorizó el Ministerio del Interior y el que el policía español entregó al mercenario portugués en Bilbao.

, Paulo Figuerido Fontes recibió en febrero de 1986 en. Bilbao un DNI falso a nombre de Manuel Sousa Quintela, que le facilitó Amedo en menos de una hora para que el mercenario portugués pudiera cruzar la frontera hacia Francia donde participó en dos atentados de los GAL. Tras la última acción fue detenido en Francia y sus declaraciones y colaboración con la justicia permitieron llegar hasta la pista del subcomisario de policía español.Asimismo, el juzgado solicitó las huellas dactilares de Amedo y Domínguez, pero los dos policías se negaron a que les fueran tomadas en la cárcel. Ni en la prisión de Logroño ni en la Guadalajara los dos agentes han prestado sus huellas, y ayer mismo se negaron a esta exigencia ante un funcionario judicial enviado por el juez Garzón. [El director de la cárcel de Guadalajara, Valeriano Gutiérrez, decidió ayer abrir de forma "automática" un expediente disciplinario a ambos reclusos por esta negativa, según informa la agencia Efe citando fuentes de Instituciones Penitenciarias].

El director de la cárcel de Logroño, donde fueron internados en un principio los policías, declaró al juiez que no les fueron tomadas las huellas en su momento porque el funcionario encargado de esa labor estaba de vacaciones cuando ingresaron en la cárcel. El director de la prisión de Guadalajaxa, donde se encuentran internados actualmente, declaró también al juez que no se les tomó las huellas porque pensaba que les habían sido tomadas en Logroño.

Fernando Salas, abogado que ejerce la acción popular en este caso, afirmó ayer que "existe un claro trato de favor hacia esos dos policías que se encuentran en una situación irregular y sin duda son los únicos presos españoles que no han sido huellados".

Salas afirmó que "la acción popular está estudiando la petición de cese de los dos directores de las citadas prisiones, una explicación urgente del director general de Instituciones Penitenciarias y un expediente de investigación".

El secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se trasladó ayer a. la cárcel de Guadalajara, con un mandamiento del juez para tomar las huellas dactilares a los dos procesados, pero éstos se negaron, alegando que es contrario a sus derechos. "Esta grave irregularidad", dijo Salas, "supone en la práctica que no pueda realizarse una diligencia que había pendiente, y es una prueba más de la denuncia que en su día formulamos sobre el trato de favor que se da en la cárcel a estos dos presos".

En cuanto a la declaración prestada ayer ante el juez por Isabel Descalzo, antigua novia de Amedo, tanto el abogado defensor como el de la acción popular indicaron que reconoció haber viajado a Portugal con Amedo y Domínguez en la Semana Santa de 1984, pero de vacaciones y sin mantener entrevistas con nadie relacionado con los GAL. Isabel Descalzo fue acompañada por el abogado Jorge Argote, primer defensor de Amedo y Domínguez.

Miguel Gil Lausaque, conocido por el Sordo, declaró a continuación ante el juez. A la salida, dijo a los informadores que supone que el juez le ha llamado porque es amigo de Francisco Paesa, a quien una antigua amiga de Michel Domínguez acusa de haberla presionado para mentir ante el juez.

Miguel Gil Lausaque explicó al, juez que conoce a Francisco Paesa hace más de 20 años y que la última vez que tuvo noticias suyas fue hacia el 20 de mayo pasado, cuando este industrial le llamó para ofrecerse como intermediario en el secuestro de Emiliano Revilla.

Paesa, contra quien el juez Garzón dictó una orden internacional de detención, dijo a Gil Lausaque, según esa versión, que podía hacer frente al pago de cualquier rescate que pidiera ETA y que cobraría un 1% de comisión.