Empresarios de gasolineras denuncian ante la CE el monopolio de petróleos

El Círculo de Empresarios de Estaciones de Servicio, asociación que dice representar al 30% del suministro al por menor de carburantes en España, presentó ayer en Bruselas una denuncia contra el monopolio español de petróleos. Esta solicitud para que la Comisión Europea inicie una investigación va dirigida contra el sistema de concesión pública administrativa y el abuso de posición dominante de Campsa y las refinerías. La denuncia, firmada por el secretario general de la asociación, Gonzalo de la Mata Gorostizaga, fue entregada por empresarios de las estaciones de servicio al comisario responsable de la política de la Competencia, Peter Shuterland.El citado comisario europeo, según Blas Camacho, abogado de los empresarios de gasolineras, se interesó por el tema y prometió informar del asunto al nuevo comisario, Leon Brittan, quien en enero le sucederá en el cargo.

El escrito denuncia el mantenimiento de "una importantísima cuota de control del mercado por parte de Campsa", lo cual infringe el artículo 37 del Tratado de Roma. La asociación se opone además al esquema formal de monopolio que subsiste en el ámbito de la distribución, pues "se deja cautiva la red existente de estaciones de servicio (primera red) utilizando la estructura jurídica de la concesión pública administrativa, carente ya de base real y jurídica".

En opinión de esta organización de empresarios de estaciones de servicio, el proceso de adaptación del monopolio infringe también los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma "al incurrirse en pactos colusorios, produciendo un abuso de posición dominante". Para Blas Camacho, los pactos concertados con las refinerías entre sí y con Campsa falsean la competencia y utilizan para ello a los empresarios de gasolíneras, "a los que de hecho se les incautan sus instalaciones".

Los empresarios solicitan no estar sometidos al régimen de concesión pública administrativa y poder estar en una situacion similar a la de la segunda red, o red paralela, en la que ya han entrado suministradoras jilultinacionales, como Shell y British Petroleum. Un real decreto aprobado el mes de julio les impide optar a las dos redes, como pretenden.