El patrimonio 'secreto' de los ediles

El reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto el 28 de noviembre de 1986, fijó la obligación de constituir en la secretaría municipal un registro de intereses. El reglamento obligaba a todos los miembros de la corporación a declarar bienes muebles e inmuebles, actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles e industriales, trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos privados. También debían indicar cualquier actividad que, sin ser remunerada, afectara o tuviera relación con el ámbito de actuación de la corporación.Datos reservados

Todos estos datos quedaban salvaguardados por el artículo 32 del reglamento, en el que se determinaba que para acceder a ellos es preciso acreditar la condición legal de interesado legítimo directo. Luis Larroque, primer teniente de alcalde, manifestó que había comprobado esta reserva cuando el secretario general del Ayuntamiento le indicó, al comienzo de la legislatura, que no cumplía la citada condición legal de interesado legítimo directo un día que solicitó información sobre un concejal.

"Nosotros, [el grupo socialista] en la comisión que estudia el nuevo reglamento de organización y funcionamiento, vamos a proponer que desaparezca esta cautela y se convierta en un registro abierto a cualquier ciudadano, contratista o periodista", afirmó Larroque. "El único que tuvo acceso fue el concejal de Régimen Interior y Personal, José María de la Riva, a efectos de retribuciones e incompatibilidades. Fue la única vez", aseguró el primer teniente de alcalde.

El contenido de estas declaraciones, secretas hasta que se produzca la modificación, fue solicitado por este periódico a los portavoces de los distintos grupos municipales. La autorización para entregar las copias de las declaraciones tuvo que ser ratificada por los concejales en las reuniones de con este motivo que se realizaron.

El grupo de Alianza Popular, según informó su portavoz, José María Álvarez del Manzano, acordó entregar un cuestionario en vez de la fotocopia de la declaración. En estos cuestionarios no incluyeron la propiedad de viviendas o automóviles y el patrimonio mobiliario, aunque sí recogían los cargos, la fuente principal de ingresos y la existencia o no de vinculaciones económicas, profesionales o familiares con empresas relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid. Los concejales aliancistas Álvarez del Manzano, Luis María Huete, Alejandro Muñoz Revenga y Ángel Matanzo entregaron además la fotocopia de su declaración.

En estas certificaciones, efectuadas por los concejales en junio de 1987, no figuraban, por no estar aún designados, los puestos de consejero en las numerosas empresas que cuentan con representación municipal, aunque en ninguna de ellas se pagan dietas por asistencia. Tampoco estaban aún asignados los puestos de consejero en Cajamadrid, donde los consejeros reciben 9.000 pesetas brutas por reunión.

Precisamente, el deseo de actuar en distintos sectores económicos por parte de Cajamadrid ha causado ciertos problemas de representación. Cajamadrid ultima en la actualidad la constitución de una corporación financiera cuya misión será la de determinar en qué empresas debe participar la entidad. Hace unas semanas, el aliancista Álvarez del Manzano, consejero de Cajamadrid por el Ayuntamiento, recibió una carta en la que se le proponía ser consejero de la inmobiliaria que pretende tener la entidad. "Rechacé la propuesta porque consideré que ser consejero de una inmobiliaria, aunque sea en mi calidad de representante municipal, es incompatible con mi puesto de concejal del Ayuntamiento", manifestó.

Incompatibilidades

No todos los concejales opinan lo mismo. "No veo el problema. Si se considera que es incompatible, tampoco los concejales podrían ser consejeros de Cajamadrid, pues esta entidad le presta dinero al Ayuntamiento", dijo el socialista José María de la Riva, concejal de Régimen Interior.

"Es una zona gris y la aceptación o no del cargo depende del individuo. Más en el caso de una inmobiliaria. Lo que está claro es que cualquier asesor o consejero de una empresa, sea del tipo que sea, desde pedir una licencia hasta licitar por un contrato, topa antes o después con el Ayuntamiento", dijo Javier Soto, portavoz adjunto del grupo del CDS.

Casos como éste pueden producirse a partir de ahora a causa de la creciente representación municipal en organismos de todo tipo. De momento, las únicas incompatibilidades han surgido de la presencia de algunos concejales en consejos de empresas privadas. Según las declaraciones entregadas al registro, el aliancista Alejandro Muñoz Revenga es el concejal de AP que ocupa más puestos en consejos de administración. Muñoz Revenga, abogado con despacho en Chamartín, vivienda en el distrito de Salamanca, segunda vivienda en El Escorial -zona en la que tiene tres locales y dos parcelas-, es consejero de Mahou, SA; Parque Real, SA; Conservación Integral de Inmuebles, SA; Navarrondán, SA, e Inmuebles Plaza, SA. Sólo su puesto en Mahou está recogido en el Directorio de Sociedades, Consejeros y Directivos (Dicodi). Propietario de un Mercedes 300-E y un Opel Corsa, posee paquetes de acciones de algunas de estas empresas.

En los últimos meses, y de una forma ostensible, Muñoz Revenga se ha ausentado de comisiones y plenos cada vez que se iba a tratar la reforma urbanística de la zona de Amaniel, en la que se encuentra la fábrica Mahou. Es uno de los seis concejales que no tiene dedicación exclusiva.

Le sigue Ramón Tamames, portavoz del Grupo Mixto, quien, según hacía constar en su declaración, era propietario en junio del año pasado de una vivienda en el distrito de Tetuán, otras dos en Chamartín y de una finca urbana en La Rioja. Tiene acciones en la Sociedad Gestora de Cooperativas de Viviendas, SA Sogescoop, SA); en Edificio Opera Plaza, SA (EOPSA); la bodega Valdomiño-Avia, SA, y la empresa Tenu, SA. Junto a su esposa, posee el 100% de las acciones de Procyr, SA, empresa propietaria de tres apartamentos en Chamartín. Tamames es accionista y miembro del Consejo de Administración de Promotora de Informaciones, SA, empresa que edita EL PAÍS. En su declaración, este doctor en Derecho y Ciencias Económicas y autor de una treintena de libros indicaba tener un Renault-9, aunque ya anunciaba que pensaba cambiar de vehículo. Tamames, que renunció a su sueldo como concejal, es diputado, tiene un despacho profesional en Chamberí, es catedrático de universidad en situación de servicios especiales.

Vinos y dehesas

También José María Alvarez del Manzano tiene relación con el sector vinícola como consejero de la empresa Viña Salcedo, con sede social en Álava, de la que cobra 15.000 pesetas por reunión. Inspector de Finanzas del Estado en situación de servicios especiales, el portavoz de AP tiene una vivienda en Fuencarral, tres automóviles (un Morris Mini, un Peugeot-504 familiar y un Peugeot-205) y acciones en distintas compañías.

Agustín Rodríguez Sahagún, portavoz del CDS, es propietario de dos viviendas en Chamartín, dos apartamentos en Tetuán, un local en Chamberí y otros dos apartamentos en la zona noreste de la región, aparte de tener una participación del 12,5% en la propiedad de un edificio de Bilbao y poseer una parcela cerca de Madrid.

Propietario de un Citroën CX 2000, obligaciones del Estado, una cartera de valores y una destacable colección de obras de arte contemporáneo, Rodríguez Sahagún tiene participación en Guisasola Hermanos, SRC; International Altex, SA; Procex Ibérico Europea de Ediciones, Editorial Frontera, Iberfrío, Promotora Horizonte, Centro Español de Gestión de Empresas Nuevo Club de Golf, Linesa, Confidencial Press y Diario de Ávila. Según Rodríguez Sahagún excepto International Altex e Ibérico Europea de Ediciones, el resto de las empresas no tiene actividad. Abogado no ejerciente, el portavoz centrista en el Ayuntamiento, al igual que Tamames, renunció a su sueldo como concejal y portavoz del grupo del CDS, partido por el que es parlamentario.

El concejal aliancista Luis María Huete posee una vivienda a pocos kilómetros de Madrid, dos cortijos en Córdoba y una finca rústica en Jaén. Este concejal, que durante cuatro meses fue alcalde de Madrid -desde la marcha de José Luis Álvarez hasta la elección de Enrique Tierno-, tiene acciones, un Renault-11 y un Ford Sierra. Es el accionista mayoritario de la sociedad Cordobilla, SA, dedicada a la compraventa de valores. Hasta el pasado mes de febrero ejerció como letrado jefe de servicio en el Banco Hipotecario de España. En la actualidad colabora con un despacho de abogados, a pesar de lo cual tiene asignada la dedicación especial, categoría que tienen todos los concejales socialistas y contados concejales de la oposición.

Francisco Javier Soto, concejal del CDS, poseedor de bonos bancarios y de un automóvil Audi 200, es administrador único de la empresa Javier Soto Carmona, SA, dedicada a la explotación agrícola y ganadera. La finca que este abogado en ejercicio posee en Cáceres tiene una extensión de 1.500 hectáreas.

También relacionado con actividades agrícolas figura su compañero de grupo Joaquín Álvarez de Toledo, propietario, según su declaración, de una vivienda y una oficina en el distrito de Salamanca, una finca en Murcia, una casa en la comarca del Bierzo y participación en dos fincas de la misma zona dedicadas a la producción de vino. Accionista de Vinos y Viñedos del Bierzo y Tramotor Albacete, SA, este antiguo jefe de suministros estratégicos en la Empresa Nacional del Gas, SA, disponía de un Seat Ronda cuando entró en el Ayuntamiento.

Otro concejal con una participación industrial es el socialista Francisco José Jiménez Martín, quien comparte con sus cuatro hijos; la propiedad de una vivienda en La Latina, tiene un Talbot 1200 y es accionista de Comercial Jiménez-Alimentación, SA. También, aunque sea por herencia, tiene relaciones empresariales Pilar Fernández Rodríguez, concejala socialista, quien a la muerte de sus padres, en 1984, recibió junto a su hermana, siete plazas de garaje en Madrid y Alicante y dos solares en la zona de Villalba. Esta abogada no ejerciente, propietaria de un Ford Fiesta 1200, recibió asimismo en herencia acciones de varias empresas, entre ellas las correspondientes a las empresas familiares Instituto Asegurador, SA, e Instituto Español del Ahorro, SA. La primera empresa ya se ha liquidado y la segunda está en vías de extinción, según asegura la misma concejala.

El aliancista Miguel Cantos es industrial hostelero, presidente de dos pequeñas empresas y consejero de otras dos empresas, cada una de ellas con un local en Madrid. Propietario de un piso en Ciudad Lineal, un Seat-124 y un Renault-5, Cantos afirma tener una participación en otras dos empresas de garajes privados.

Su compañero de partido Ángel Matanzo, con vivienda en la zona de Pozuelo, dos solares en Móstoles y Villaviciosa de Odón, una parcela en Alcorcón, dos fincas rústicas en Griñón y Méntrida y un Peugeot 205 GT, es director de Industrias Cárnicas Madrid, SA. No tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento.

El socialista Vitorino Granizo, con una vivienda en Ciudad Lineal y un Seat-124 ranchera, declaró al acceder al cargo de concejal tener un taller de tapicería de automóviles en Ciudad Lineal, aunque afirmaba que no dedicaba tiempo ni obtenía ingresos por tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento.

Empresario de taxis

También es industrial el concejal de Alianza Popular Clemente Torres, vicepresidente de la Asociación Gremial de Autotaxis, cargo por el que, según declara, no percibe remuneración. Torres tiene un garaje con taller mecánico, una vivienda en Moncloa, un chalé en la zona de Villaviciosa de Odón, un taxi y un Peugeot-505. También es propietario de dos pequeños locales comerciales que tiene alquilados.

Por su parte, Eduardo Larraz, concejal del Centro Democrático Social y abogado no ejerciente, afirmó tener, además de una finca urbana en Chamberí, un negocio de hostelería en el mismo distrito, y Félix López Rey, concejal de Izquierda Unida, declaró tener una parcela en la provincia de Toledo, una vivienda en Villaverde y un local comercial en el mismo distrito dedicado a papelería y despacho de quinielas, además de un Renault-4 TI y un Talbot Horizon.

Manuel Martínez Parrondo, del CDS, dueño de un chalé en la Sierra y un Seat-131, posee un edificio industrial y dos locales en Ciudad Lineal, aunque no ejerce en ellos ninguna actividad, pues, según informó, los tiene alquilados.

Otros concejales con más de una vivienda, según las declaraciones, son el aliancista Enrique Villoria, propietario de un piso en Tetuán, un local comercial en el mismo distrito, que tiene alquilado, y un apartamento en Málaga, además de un Seat Ibiza. El segundo teniente de alcalde, el socialista Emilio García Horcajo, poseía al comenzar el mandato una vivienda en Ciudad Lineal y otra en el distrito de Salamanca, además de un Renault-18, y el tercer teniente de alcalde, Jesús Espelosín, poseía dos viviendas, una en Ciudad Lineal y otra en la sierra madrileña, así como un vehículo Opel Kadett y otro Opel Corsa.

El socialista Jorge Tinas aseguraba poseer también dos pisos, uno en Fuencarral y el otro en la zona de Villaba. Químico no ejerciente, Tinas dispone de un Opel Ascona 1600 y un Peugeot-205 GR, aunque en su declaración matizaba que son de segunda mano. Saturnino Zapata, también del PSOE, indicaba, por su parte, que tenía una vivienda en el distrito de Retiro, otra en Almería y un Fiat Uno, y su compañero de partido Cástor Iglesias declaraba tener un piso en Retiro y otro en Asturias, además de un Ford Escort.

Con vivienda, aunque sin coche, figuran los socialistas Dolores García Hierro, con un piso en Villaverde, y Francisco Garrido, con vivienda en Moratalaz, así como el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Herrera, quien declaró tener una vivienda de protección oficial en una urbanización de la zona de El Escorial.

El alcalde Juan Barranco, en su declaración, decía tener una vivienda en Alcorcón, posteriormente vendida, y un Renault 12 TS. Negocia en la actualidad la compra de una vivienda y percibe del Ayuntamiento 13 pagas de 579.500 pesetas brutas. Sin piso a su nombre, aunque motorizados, se encuentran el aliancista Pedro Ortiz, arquitecto y urbanista, y autoincompatibilizado en toda España para ejercer estas profesiones, según declara él mismo. Es propietario de un Volvo de segunda mano y de un Seat Panda. El socialista Ginés Meléndez afirmaba en su declaración poseer un Seat 124; el aliancista Ricardo Peydró se declaraba propietario de un Volkswagen, y el centrista Carlos Martínez Serrano, de un Talbot 150.

El concejal del CDS Fernando Bocanegra es uno de los ediles más pobres, a juzgar por su declaración. Manifestó carecer de vivienda y de automóvil, circunstancia que comparte con el concejal responsable de Hacienda, el socialista Alfredo Tejero.

Los menos explícitos

Los siete concejales restantes, todos ellos de AP, no han entregado fotocopia de su declaración de intereses ni han incluido ninguna referencia sobre su patrimonio en el cuestionario personal que remitieron a su grupo. En estos escritos informaron de su profesión, de sus títulos académicos y de sus puestos, y afirmaron no tener participación en empresas relacionadas con el Ayuntamiento. Los siete concejales son: Carmen Díaz Marés, que incluye las acciones entre sus fuentes principales de ingresos; Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, de la familia de los Gil de Biedma, cuyos miembros son consejeros en una docena de importantes empresas; entre ellas, Gil y Carvajal, SA. La concejala argumentó que no quería indicar sus propiedades al ser gananciales, aunque indicó poseer a su nombre un Alfa 33. Percibe del Ayuntamiento 13 pagas de 257.000 pesetas brutas más gastos de representación.

José Ignacio Echevarría afirmó ejercer libremente su profesión de abogado por autorización expresa del pleno municipal. Aunque tiene dedicación exclusiva como concejal, en su cuestionarlo indica el ejercicio de su actividad y las rentas de capital inmobiliario como fuentes principales de ingresos; Vicente Díaz Zazo, que informó ser profesor de Urbanismo en el ICADE y abogado laboralista y mercantil; Luis Álvarez, arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Elena de Utrilla, abogada no ejerciente y presidenta de las Nuevas Generaciones de Alianza Popular de Madrid, y Miguel Martín Vela, licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho, que dice tener como fuentes principales de ingresos su sueldo de concejal y acciones bancarias. Salvo Esperanza Aguirre, que tiene dedicación especial, el resto cobra la dedicacíón exclusiva (13 pagas de 201.200 pesetas brutas).