¿Y después, qué?

No alcanzo a entender por qué se convoca una huelga general en España. Toda huelga general es siempre una huelga política. Bien es verdad que, quedando tan lejana la última convocatoria de estas características en nuestro país, es cierto que no existe hoy conciencia cívica de la gravedad que tal acción supone. Ningún sindicalista responsable convoca huelgas cuando hay una oferta de negociación abierta y el acuerdo es, por tanto, todavía posible. Creo que para analizar con rigor lo que está ocurriendo es preciso centrar la reflexión en dos cuestiones: la peligrosa politización del sindicalismo español, que conduce a convocatorias irresponsables, y la actitud de determinados sectores de la población, que consideran el día 14 como una jornada de desahogo nacional, sin atribuirle especial gravedad y trascendencia.Desahogo nacional

El desahogo nacional se concreta en el hecho de que entre los ciudadanos que han decidido participar en la huelga, que no son la mayoría de este país, ésta tiene para cada uno de ellos un sentido particular. Se alza la mirada al Gobierno y cada cual hace su interpretación subjetiva del agravio particular. Incluso algunos reconocen no tener ninguna reivindicación pendiente frente al Gobierno (futbolistas), o vienen de firmar un acuerdo satisfactorio con el mismo (maestros). Se habla de toque de atención, de capón a Felipe González. Se insiste en que no se quiere derribar este Gobierno, y potenciales huelguistas afirman su intención de votar al PSOE al día siguiente. La huelga es gratis. No pasa nada porque el Gobierno tiene mayoría absoluta. Sólo pretendemos que no se olviden que son socialistas y que tienen que repartir la riqueza. Creo que es un preocupante signo de inmadurez política la utilización de una huelga general como terapia colectiva.

El análisis del desahogo nacional no puede conducir a eximir de su responsabilidad a los dirigentes sindicales. Es cierto que los principales responsables de la oposición o no están o no van al Parlamento, y el escaso debate político que se produce en el país lo tienen que plantear extramuros de las cámaras. Ante este vacío, los dirigentes sindicales han polarizado el debate político con el Gobierno, desde mi punto de vista, con la pretensión de ocultar su debilidad real en la sociedad española mediante la confrontación sistemática con los poderes públicos. Se ha abandonado el sindicalismo de empresa que ha permitido el avance de las relaciones industriales y se intenta la construcción de un poder sindical de elite alimentado, casi en exclusiva, de la confrontación con el Gobierno. Creo que este planteamiento es un craso error para el sindicalismo español. Pero aceptemos el escenario, no por bueno, sino porque así está planteado.

Abordemos, por consiguiente, el debate con las cúpulas sindicales sabiendo que el mismo tiene un indudable carácter político. El discurso de los líderes sindicales está preso de una insalvable contradicción: "No estoy de acuerdo con la política económica y social del Gobierno. Además, cuando el Gobierno me ofrece la posibilidad de discutirla, no quiero discutirla. Y como no quiero discutirla, convoco una huelga general". De esta manera se agota un recurso extremo del movimiento obrero para estar el día después en la misma situación que el día antes. ¿Van a aceptar los sindicatos discutir la política económica del Gobierno después del 14 de diciembre? Si la respuesta es sí, nos podríamos haber ahorrado la huelga, o, al menos, haberlo intentado negociando antes. Si la respuesta es negativa, ¿con qué finalidad se hace la huelga? Si no se quiere negociar, obviamente, el Gobierno deberá seguir desarrollando la política económica que ha permitido sacar a este país de la crisis. Los líderes sindicales aseveran, desde la ignorancia intencionada de todos los datos que corroboran la tesis contraria, cuando Europa entera habla del milagro económico español. Hoy, como consecuencia de esa equivocada política, la economía española crece más rápidamente que la del conjunto de países que integran la CE, y las cifras de creación de empleo neto triplican las de los países de nuestro entorno. Por lo demás, no existen alternativas creíbles a esta política, como lo demostró el fracaso de la experiencia expansionista ensayada por los socialistas franceses en 1982, o al menos si existen no se explicitan ni concretan.

Esta criticada política económica tampoco ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores, como se dice. El crecimiento de los salarios reales en lo que va de año se sitúa en el 8,4%, es decir, tres puntos por encima de la inflación prevista en el peor de los casos. Las retribuciones de los funcionarios, a quienes se pone como ejemplo de los perjudicados, han subido un 74,8%, frente a una inflación acumulada del 57,4% en el período 1982-1988. Hay además dos millones más de pensionistas que en 1982, sin que ninguno de ellos esté perdiendo poder adquisitivo.

Giro social

Los dirigentes sindicales reclaman un giro social. Pero cuando tratan de concretarlo, su oferta se reduce fundamentalmente a incrementos salariales en el sector público. Para los socialistas, la política social no es un giro en el vacío, sino otras cosas. Permítanme aportar unos cuantos, datos fundamentales. En el período 1985-1988 se han creado cerca de un millón de empleos netos. El próximo año la asistencia sanitaria pública cubrirá a todos los españoles. El 90% de los alumnos no universitarios tienen estudios gratuitos, Y el grado de escolarización entre 4 y 16 años es prácticamente general. La pensión media de jubilación se ha incrementado en un 78% en cinco años y las prestaciones por desempleo se han triplicado. Las rentas salariales suponen ya el 51 % de la renta nacional. Se han puesto en marcha las inversiones más importantes de este siglo para la mejora de las carreteras y de la red de ferrocarriles con el objetivo de dotar al país de unas infraestructuras necesarias para su mejor desarrollo. ¿Es justo que se diga que en este país no hay política social? Se podrá discutir si se puede hacer más de lo que se hace a la salida de una gravísima crisis económica. En todo caso, los líderes sindicales tienen abiertas las puertas del palacio de la Moncloa para discutir y negociar precisamente qué más se puede hacer desde un punto de vista de la política social del Gobierno.

Los dirigentes sindicales se han negado también a discutir el Plan de Empleo Juvenil con el partido socialista. Ya es una contradicción que un sindicato esté en contra de un plan de empleo. ¿Por qué sin haber querido discutirlo se pretende que los socialistas no intentemos sacar a buena parte de la juventud de las calles y darles la posibilidad de tener un primer empleo? Nuestra obligación de solidaridad con la juventud es intentarlo. Otros critican este plan sin plantear ninguna alternativa concreta, salvo la de la retórica que no crea empleo. Lo razonable sería esperar a ver cuáles son los efectos del Plan de Empleo Juvenil para juzgarlo. Quizá dentro de un año 200.000 jóvenes españoles han encontrado un primer empleo, están aprendiendo un oficio y están ganando un salario. Si es así, el plan habrá sido bueno, por lo menos para los jóvenes que no tenían trabajo y lo han encontrado en virtud del mismo.

Esta huelga no tiene ningún sentido. Se nos ha dicho que hemos dramatizado la convocatoria de huelga general. Que hubiera sido mejor dejar pasar el cáliz del día 14 como si nada importara. Pero sí importa. Queremos construir un país serio. No vamos a preguntar en esta ocasión ¿quién gestiona la huelga general? Pero sí podemos preguntar ¿y después, qué? ¿Van a seguir los sindicatos negándose a negociar? ¿Van a convocar huelgas generales cada tres meses? Caben serias dudas de que la suma de agravios comparativos que ahora pudieran alimentar la convocatoria pueda plasmarse en un bloque social estable. La dinámica de la confrontación así abierta desgastaría a los sindicatos en mayor medida que al Gobierno, ya que muchos trabajadores sindicados no podrían entender la (inexistente) lógica de esta apuesta por la confrontación en vez de por la negociación.

Lo peor de esta huelga es que es inútil. ¿No sería más sensato sentarse a negociar de inmediato antes de la misma ? Eso sería lo razonable, pero sus dirigentes parecen más empeñados en otros objetivos que en propiciar un sindicalismo que beneficie al conjunto de los trabajadores. Por ello lo razonable no parece posible en este país, aunque sería lo deseable.