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Bhopal, la herida sangra cuatro años después

6.000 personas morirán a causa del tóxico que se fugó de la planta química de Union Carbide

Nana Jan levanta las manos al cielo y pregunta dónde está su hijo. Ayer se cumplieron cuatro años desde que, en plena noche, le despertaron gritos advirtiendo sobre un escape de gas. Viviendo en Bhopal frente a la planta de Union Carbide donde se fabricaba un pesticida que todos tachaban de peligroso, Nana Jan no se lo pensó dos veces, cogió a su mujer y a sus cinco hijos y huyeron. Él fue el primero en perder el conocimiento. No sabe cuándo le llevaron a su casa, pero lo primero que escuchó es que tenía que recoger en el hospital el cadáver de su esposa.

Nana Jan recuperó algo de vista un mes después de haber ocurrido la catástrofe que entre la noche del tres y cuatro de 1984 costó la vida, instantáneamente a 1.870 personas. Pudo entonces reconocer a dos de sus hijos, la de cuatro meses y el de siete años, entre las fotos de los cadáveres de la tragedia. Otros dos, el de 17 años y el de dos años, volvieron a casa tras una estancia en el hospital; pero el de nueve años sigue sin aparecer.Cientos de miles de personas quedaron marcadas por aquella noche. Cuatro años después vagan como fantasmas sin que nadie pueda darles una explicación de sus dolores ni se aventure a presagiar cuánto tiempo les queda de vida. Un informe secreto de los servicios médicos indios afirma que unas 26.000 personas morirán en un plazo no determinado a consecuencia de la inhalación del Isocianato Metílico (MIC), que se fugó de la planta de la compañía norteamericana Union Carbide.

Ahora son ya 3.332 los fallecidos oficialmente y se investiga sobre si el gas ha provocado también la muerte de otras 700 personas. Graves problemas respiratorios y gastrointestinales, pérdida de visión y afección de las extremidades son los males más comunes entre los damnificados.

El Gobierno indio se declaró representante legal de los afectados por el escape y desde entonces esta enredado en un proceso que, de no llegar a una solucion negociada, puede prolongarse más de 20 años. "El dinero lo queremos ahora que todavía estamos vivos y necesitamos encontrar un medio para subsistir", afirma Ramesh Kumar, de 38 años y con cinco hijos, cuya. debilidad y problemas respiratorios no le dejan tirar de la carreta con que antes se ganaba la vida.

10.000 rupias por muerto

"El Gobierno se conformó con darnos 10.000 rupias (unas 110.000 pesetas) por muerto y 1.500 rupias por familia damnificada; a nosotros no nos queda más remedio que esperar a que fuerce a Union Carbide a pagar", añade.El proceso se encuentra actualmente en el Tribunal Supremo indio, a donde han recurrido, de un lado la pesada burocracia india y de otro los poderosos propietarios de la multinacional,

Los gastos legales ascienden ya a más; de 55 millones de dólares y el fin del proceso parece lejano, a pesar de que el Tribunal Supremo ha solicitado a ambas partes que hagan un esfuerzo por romper el estancamiento de las negociaciones que se realizan fuera del juicio. "Una solución negociada es beneficiosa para todos pero exige flexibilidad y disposición", afirma el funcionario.

Recopiladas 550.000 denuncias, la demanda total del Gobierno indio ha ascendido a 3.000 millones de dólares (350.000 millones de pesetas) y Union Carbide ha ofrecido abiertamente 350 millones de dólares. Al parecer, hace un año casi se llegó a un acuerdo por 600 millones de dólares. El Gobierno se echó atrás en el último momento por temor a una protesta masiva. La oposición, por su parte, acusa al Gobierno no sólo de "incumplir sus compromisos" con los damnificados sino de "haber favorecido siempre" a la multinacional.

[La policía india detuvo ayer a más de 500 personas que exigían el pago de los daños causados por el siniestro a la Union Carbide, informa Reuter].

Según el corresponsal en Bhopal del bimensual India Today, Union Carbide tuvo pérdidas desde el comienzo de sus operaciones en India y ello la llevó a reducir gastos a expensas de las medidas de seguridad. Por ejemplo, apagó el sistema de refrigeración de la planta, que suponía unas 2.500 pesetas diarias.

Union Carbide trató primero de extender la tésis de que tras el accidente se hallaba la acción de un grupo terrorista. Posteriormente ha insistido en que fue motivado por un sabotaje de algunos de los empleados despedidos.

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