Grecia intenta que la oficina de marcas de la CE se instale en Madrid

La presidencia griega de la Comunidad Europea (CE) puso ayer sobre el tapete un compromiso para intentar de una vez designar una sede para la futura oficina de marcas comunitaria y propuso que esta sea Madrid pero las reticencias de varios ministros impidieron la adopción de una decisión.El principal adversario de la proposición griega fue, como era de esperar, Luxemburgo, cuyo representante, el secretario de Estado Robert Goebbels, recalcó que la oficina de marcas era un órgano juridisccional y en virtud del acuerdo alcanzado justamente en el Gran Ducado en 1965 sobre el reparto de sedes tenía que instalarse en su país.

La discusión, que tuvo lugar durante el almuerzo, rayó el insulto personal cuando el comisario europeo Lord Cockfield afirmó a Goebbels que su actitud era "ingenua" y éste se enfadó. El empeño de Luxemburgo se explica por el deseo de no sentar un precedente que permita a otras instituciones europeas abandonar su sede luxemburguesa.

El fracaso del compromiso griego incitó al secretario de Estado español, Pedro Solbes, a mostrarse pesimista sobre la posibilidad de tomar una decisión, que requiere la unanimidad, sobre la sede en el próximo Consejo de Ministros sobre mercado único, en diciembre. "No hay más de un 50% de posibilidades de que salga entonces", afirmó antes de opinar que a España le será difícil presentar durante su presidencia en 1989 propuestas parecidas a la griega. Los doce tenían, teóricamente, que haber elegido una sede a finales del año pasado.

Tres idiomas

Sugerido a finales de julio durante una reunión ministerial informal que tuvo lugar en Atenas, el compromiso griego prevé que la sede de la oficina sea Madrid excepto para su pequeño órgano jurídico, ante el que se pueden formular los recursos, que se instalaría en Luxemburgo. Los idiomas de trabajo serían el inglés, francés y alemán. Su presidente y vicepresidente serían nombrados por el Consejo de ministros y a mediados diciembre tendría lugar en Luxemburgo una conferencia intergubernamental en la que España aceptaría, por fin, aplicar la convención europea de patentes.

Este último punto era el más difícil de "digerir" para Madrid porque aunque suscribió el convenio antes de la adhesión este sólo puede entrar en vigor en España si lo firman los doce y por motivos constitucionales Dinamarca e Irlanda no pueden adherirse.

De ahí que las principales potencias industriales de la CE deseen organizar en Luxemburgo una conferencia intergubernamental que obligue, a pesar de todo, a España a aplicarlo y abarate así los costes que para muchas empresas supone el patentar en la Península.,

Al margen de la oposición luxemburguesa otros países se mostraron reservados sobre la opción madrileña, entre ellos los británicos.