Los abogados del 'caso Bultó' denuncian la anticipación de la sentencia del Tribunal Europeo

Los abogados de los condenados por el asesinato del industrial catalán José María Bultó, ocurrido el 9 de mayo de 1977, han pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que investigue cómo se dio a conocer la información sobre la gestación de la sentencia que condenará a España por no hacer un juicio justo a Francesc Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo. EL PAÍS publicó el 23 de octubre y el 1 de noviembre últimos sendas informaciones sobre la deliberación de los 18 jueces europeos y el contenido de la futura decisión.

Los letrados August Gil Matamala, Ignasi Doñate y Simeó Miquel convocaron ayer una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes dos de los condenados, Messegué y Barberá, y en ella manifestaron que habían mantenido una comunicación telefónica con el Tribunal de Estrasburgo en la que fueron informados de que el texto de la sentencia no se hará público hasta el mes de diciembre, tal y como anticipó este periódico.Los abogados precisaron que fuentes del Tribunal Europeo habían "desmentido" la existencia de la sentencia. Reconocieron que el mismo tribunal no ha negado la información publicada por este diario sobre las deliberaciones previas a la firma de la sentencia y los votos particulares y el sentido mayoritario del futuro fallo.

Los letrados consideran que la difusión de la información ha sido provocada por "una filtración interesada del Gobierno español", según aseguró el abogado Gil Matamala. [Este abogado desconocía, al parecer, el disgusto causado en fuentes gubernamentales españolas por la anticipación de la primera condena al Estado español.] Gil Matamala añadió que tenía constancia de que la información no salió del Tribunal de Estrasburgo, pero no ofreció prueba alguna. Este abogado sostiene que el "interés" en "filtrar la noticia" se fundamenta en conseguir que se difunda "de forma parcial y defarmada". Gil Matamala aventuró que la publicidad del fallo antes de la comunicación oficial "quita importancia a la condena".

Los abogados calificaron de "preocupante" el nombramiento de Leopoldo Torres como juez ad hoc español del Tribunal Europeo, en sustitución de Juan Antonio Carrillo, que se abstuvo por haber conocido el caso en la Comisión Europea. "De todos es conocido que Torres es un dirigente del PSOE y no deja de ser inquietante que el Gobierno español le designara para esa función", dijo Gil Matamala.

Recusación no formulada

Los letrados informaron que al producirse el nombramiento de Torres prepararon un escrito de recusación, pero que, finalmente, no lo interpusieron para no retrasar el procedimiento.Aparte de las críticas de los letrados a las informaciones publicadas, el ahogado Doñate insistió en que, desde su punto de vista, la condena a España equivale a reconocer la inocencia de los condenados. Precisó que la sentencia es vinculante para los tribunales españoles y que, por tanto, cabe la posibilidad de "anulación de la sentencia española". El objetivo principal de los abogados, al margen de la reparación económica, es el reconocimiento de que sus defendidos fueron condenados sin pruebas.