La izquierda y la comunicación social

Para el autor del artículo, la revolución tecnológica puede consolidar las desigualdades entre países, regiones económicas y grupos sociales, fortaleciendo posiciones de privilegio. El vértigo de los cambios comunicativos ha sorprendido de nuevo a una izquierda demasiado atada a viejos conceptos ideológicos.

El desarrollo creciente de las tecnologías de la comunicación es tan cierto que 'se ha convertido incluso en tema recurrente de conversaciones domésticas. Aunque las muchas innovaciones estén lejos de su generalización (la aldea global sigue siendo una falacia) y más aún de su distribución equilibrada, la tendencia es tan clara como su creciente ritmo acelerado. En todo caso, dos cosas se pueden afirmar ya: de un lado, su papel nodal que, incluso en las economías en desarrollo, evidencia una alta capacidad de estos sectores para la generación de excedente empresarial. De otro, los medios de comunicación representan hoy una -vasta red de socialización normativa sin precedentes por la que discurren la información, los valores sociales, las formas estéticas, la orientación del consumo y la perpetuación misma de los modos de relación social.Pero, desarrollada sobre un mundo desigual y alentada en estas últimas dos décadas por la ofensiva neoliberal contraria a toda intervención pública correctora del mercado, la revolución tecnológica puede consolidar las desigualdades- entre países, regiones económicas y grupos sociales, fortaleciendo viejas posiciones de privilegio, pese a los insistentes requerimientos de un nuevo orden informativo mundial.

La complicidad entre este frenesí neoliberal y la acción de los gobiernos conservadores ha conducido a un horizonte extremadamente crítico. En efecto, la transnacionalización está agravando la dependencia cultural de los países del Segundo y Tercer Mundo y confirma su alejamiento de los centros de producción informativa, en lo que constituye uno de los aspectos más lacerantes y olvidados del desequilibrio Norte-Sur. El lógico proceso de diversificación multimedia emprendido por los grupos informativos coincide, además, con una perniciosa concentración de la oferta y la conversión de algunos de aquellos en oligopolíos internacionales que, actuando a modo de auténticos poderes políticos paralelos, dificultan el pluralismo que requiere el ejercicio real del derecho ciudadano a la información. En connivencia con la expansión de tales oligopolios, muchos gobiernos adoptaron, más o menos expresamente, políticas de desmantelamiento de sus propios servicios públicos, obviado así el verdadero reto de la necesaria modernización de los monopolios estatales. Finalmente, la creciente dependencia de los ingresos publicitarios -que afecta a las televisiones privadas, pero también a las públicas- conduce a una notable trivialización del mensaje audiovisual. Así las cosas, muchas producciones y medios audiovisuales son utilizados para la transmisión más burda de valores fundados en el autoritarismo, la segregación, el consumismo, la apatía social y la inhibición política.

Es preciso reconocer que el vértigo de los cambios comunicativos -y la audacia política neoliberal- han sorprendido de nuevo a una izquierda demasiado atada a viejas posiciones. Por lo general, las fuerzas progresistas han trasladado a la revolución audiovisual los mismos recelos con que ya se opusieron al maquinismo de¡ siglo XIX y, una vez más, aplicaron a los avances de las telecomunicaciones categorías y admoniciones que sólo son predicables de determinados modos de uso de los mismos.

Particularmente en la Europa occidental, la izquierda se refugió en una frágil política de defensa del monopolio estatal, incluso en países donde, como España, éste era heredero de un origen autoritario. La reforma de las empresas estatales de comunicación se ha revelado como extraordinariamente dificultosa. Además, con el acceso al poder, algunos partidos socialistas hicieron su particular reconversión ideológica al modo Bad Godesberg y descubrieron pronto el valor instrumental de los medios estatales de comunicación.

Arrebato y sospecha

Éste es el caso español. Carente de un modelo de comunicaciones progresista y nacional, el Gobierno socialista acuerda una realpolitik escasamente disimulada con los grupos privados más significativos: la legalización limitada de la iniciativa privada a cambio del mantenimiento sustantivo del carácter gubernamental de la televisión pública. El desolador cuadro se completa, por su derecha, con el arrebato privatizador y, por su izquierda, con la permanente sospecha hacia los medios burgueses de comunicación.

La necesaria actualización de las propuestas de la izquierda, en Europa y en España, obliga a considerar algunos principios estratégicos:

1. La adopción de una política de la comunicación audiovisual que asuma, sin reservas, el criterio de que la información libre y plural es condición inexcusable pata la independencia, liberación y progreso de los pueblos, las clases y los grupos sociales, en la promoción de una sociedad democrática avanzada.

2. La revolución tecnológica en las comunicaciones debe ser gobernada. En coordinación con los programas e iniciativas europeas, España precisa con urgencia la definición de un modelo que determine, en el medio y largo plazo, las demandas potenciales, los sóportes de transmisión, los programas tecnológicos y las inversiones a tal fin necesarios. El objetivo estratégico del mismo debe ser que la mayor circulación de flujos informativos, la ampliación de las coberturas, la simplificación de los equipos, la diversificación de soportes y, sobre todo, la reducción de los costes de inversión y explotación, conduzcan a un acceso más plural y democrático a la producción, emisión y uso de la comunicación social en nuestro país.

3. Al igual que en otros ámbitos sociopolíticos, la, televisión-nación es ya insuficiente: resulta demasiado pequeña para los grandes espacios de la comunicación audiovisual, y demasiado grande para los pequeños. España debe participar y estimular los proyectos que buscan la formación de un espacio audiovisual europeo como instrumento fundamental para la defensa y promoción de la identidad cultural y política común.

4. Simultáneamente, la Administración central debe reconocer y asisitir el desarrollo de las iniciativas regionales y locales que puedan ser socialmente rentables.

5. Es urgente la modificación del Estatuto de la Radio y la Televisión con el objetivo general de su mayor democratización: desgubernamentalización del nombramiento del director general, mejor garantía de la capacidad general de los consejos de administración y mayor participación de los profesionales y usuarios en la gestión y programación de los medios. En lo que se refiere, además, a TVE, SA, debe estudiarse ya el redimensionamiento empresarial que imponen la competencia futura y, en todo caso, la gestión más racional y moderna del servicio público.

6. No es pensable ni deseable que un servicio cuya complejidad aumenta día a día sea suministrado exclusivamente por empresas estatales. Lejos de ser intrínsecamente perversa, la concurrencia de la iniciativa privada debe ser un factor dinamizador del sistema a condición de que se cumplan tres circunstancias: consolidación del papel central de las empresas estatales, determinación exacta de las obligaciones que impone -a aquéllas y a las privadas- la naturaleza concesional del servicio público y, finalmente, garantía del mayor número, diversidad y pluralismo en las concesiones. Lejos de ello, la aplicación de la reciente ley de Televisión Privada corre el riesgo de completar el monopolio del Estado con tres oligopolios privados.

7. En unas y otras, la lícita captación de recursos publicitarios debe hacerse sin perjuicio de las obligaciones del servicio público ni de los usuarios. Se deberá regular la limitación e identificación de las emisiones de publicidad, de suerte que las empresas concesionarias no se conviertan en vendedoras de programas a agencias y anunciantes.

8 Los poderes públicos, los profesionales, los medios y la sociedad misma deben cooperar a la creación de una nueva cultura audiovisual que suponga el tránsito del consumidor-receptor al usuario activo y crítico, como requisito imprescindible de una democracia participativa.

es sociólogo y consejero de administración de RTV Madrid.