El juez de Reinosa toma declaración a los ocho guardias civiles procesados
El juez instructor de Reinosa, Ignacio Pando, ha tomado declaración indagatoria a los ocho guardias civiles procesados por la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz, de 33 años, ocurrida en el hospital de Valdecilla tras resultar herido en los incidentes acaecidos en dicha localidad santanderina durante la Semana Santa de 1987.La Audiencia Provincial de Santander dictó auto de procesamiento el pasado 4 de julio contra el teniente coronel Carlos Monje Minguillón, el capitán Álvaro Gutiérrez Cantón y los guardias Antonio Gutiérrez Arenas, José Luis Serrano Callero, Hilario Corral Rodríguez, Eugenio Legaza Herrera, Juan Carlos de Dios Martín y José Anthonisen Varón. El fiscal José Ignacio Tejido apreció indicios de criminalidad en la actuación de los guardias.
El juez Pando se dispone ahora a remitir a la Audiencia Provincial el texto de las declaraciones indagatorias que aquélla incorporará al sumarlo, aún no cerrado porque faltan por practicar algunas diligencias, entre ellas las que ha interesado el abogado defensor de los guardias, Jorge Argote.
Indemnizaciones
Año y medio después de que se produjesen los enfrentamientos en Reinosa entre los vecinos de la localidad y las fuerzas de la Guardia Civil los numerosos habitantes que sufrieron daños en sus bienes, presuntamente a causa de la actuación de los antidisturbios, no han recibido la esperada indemnización del Ministerio del Interior.En su día, la Policía Municipal, que tramitó las denuncias de los vecinos, acumuló unos 450 testimonios y evaluó las pérdidas materiales ocasionadas en Reinosa en unos 60 millones de pesetas. Algunas personas han recurrido por vía administrativa y judicial en reclamación de la correspondiente compensación económica por los perjuicios sufridos.
Pilar Iglesias, viuda de Gonzalo Ruiz, ha reclamado del ministerio una indemnización de 20 millones de pesetas al considerar al Estado responsable de la muerte de su esposo. El Ministerio del Interior tiene instruido el reglamentario expediente indemnizatorio, aunque la tramitación administrativa se halla paralizada en tanto la Audiencia Provincial de Santander no dicte la correspondiente sentencia en el caso.
Otros damnificados han emprendido también las dos vías; tal es el caso del industrial José Antonio Caíña, que vio arder su funeraria en la noche de Jueves Santo de 1987 y quemados unos 100 ataúdes. Calcula los daños materiales en unos cuatro millones de pesetas.
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