Punto cero

AL ANUNCIAR su intención de recuperar la presidencia de Alianza Popular (AP), Fraga devuelve el partido a su punto cero: aquel en que se encontraba cuando, a fines de 1986, su fundador comprendió que su retirada era condición necesaria para cualquier proyecto de ampliación hacia el centro de la opción conservadora. Sin esa expansión, AP estaba destinada a constituir por muchos años la oposición al socialismo gobernante. Estaba por ver, sin embargo, si esa condición necesaria era también suficiente. La experiencia ha demostrado que no. Y no siéndolo, la prolongación de la situación de incertidumbre y de virtual acefalia amenazaba con convertir al partido en una caricatura de sí mismo. En otras palabras: con Fraga, AP estaba con el agua al cuello. Sin él, se había sumergido varias cuartas. Ahora se pone en disposición de recobrar la flotabilidad.En España hay probablemente cuatro o cinco millones de electores genéricamente identificados con las opciones políticas de derecha. Es decir, aproximadamente un 25% de votantes que nunca darán su apoyo a la socialdemocracia, por moderada que sea su política, y que constituyen la base imprescindible para cualquier proyecto político de inspiración conservadora. Sin embargo, sobrepasado el ecuador de la actual legislatura y a unos meses vista de las elecciones europeas, Alianza Popular no sólo no ha conseguido su objetivo de convertirse en el catalizador de una alternativa de centro derecha, sino que ni siquiera parece haber sido capaz, según indican todos los sondeos, de retener esa base inicial de fieles.

Esa situación está probablemente detrás de la decisión comunicada ayer por Manuel Fraga. En realidad, las destempladas advertencias recientemente dirigidas por él a la actual dirección de AP hacían presagiar este desenlace. Al amagar con retomar las riendas si el actual presidente no era capaz de recomponer la unidad interna, Fraga estaba en realidad condenando a Hernández Mancha: si la condición para no presentarse consistía en que se lograse la efectiva integración de los críticos, ponía la decisión en manos de éstos, que siempre podrían negarse a aceptar las ofertas de los oficialistas, por generosas que fueran, precisamente para provocar la vuelta del fundador.

De hecho, ya se habían producido algunas concesiones, como la ampliación del número de delegados para el congreso de enero y la descentralización de las funciones del comité electoral nacional. Pero se trataba de concesiones insuficientes para modificar el signo de ese congreso, destinado a ser ampliamente dominado por los manchistas. Y es que la dirección actual ha creado una red bastante tupida de nuevos burócratas, dirigentes de las organizaciones locales y provinciales, y férreamente unidos en la defensa de su situación. Esa nomenklatura de pacotilla formada por animosos jóvenes encantados de salir en los periódicos, más duchos en las batallas internas que en la gestión pública o la práctica de la oposición política, constituye la base de maniobra de Mancha para su intento desesperado de resistir la oleada de adhesiones inquebrantables al viejo fundador que se avecina.

La imagen de trifulca permanente proyectada por AP desde la salida de Fraga ha engrandecido la figura de éste. Pero la tentación de atribuir todos los males de AP a la inepcia de Mancha y su equipo, por tranquilizadora que pueda resultar para los críticos, no resuelve el problema de fondo. A saber, la reiterada incapacidad de la derecha, con Fraga o sin él, para definir un proyecto político susceptible de garantizar el apoyo del segmento conservador del electorado y de convertirse en eje de una alternativa verosímil al poder de los socialistas. El penoso episodio de la imaginaria moción de censura contra Leguina, que ha arrastrado a la dimisión de la vicepresidencia de AP a Alberto Ruiz Gallardón, muestra a las claras la precaria situación de un partido cuya única pauta de definición ideológica o estratégica se resume en el enunciado "queremos mandar".