Medidas policiales evitan el desabastecimiento de Las Palmas
El peligro de desabastecimiento de Canarias a causa de una larga huelga de los trabajadores del puerto de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria), a la que se han sumado los de Tenerife, está siendo superado de momento con drásticas medidas policiales y con el servicio de personal ajeno al censo oficial de los estibadores.Tras los graves enfrentamientos entre policías y portuarios del pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria, en los que 14 personas resultaron heridas, ayer reinó en dicha ciudad un clima de calma tensa. Los empresarios observan con especial preocupación la convocatoria de una huelga nacional para el próximo 4 de noviembre, ya que en esa fecha se inicia la zafra de tomate y se corre el riesgo de que el conflicto produzca cuantiosas pérdidas.
Mañana se reanudarán las negociaciones entre Administración, patronal y estibadores, y hoy se reunirán los representantes de los trabajadores portuarios de las dos provincias para establecer una estrategia común.
Después de 23 días de huelga en el puerto de Las Palmas, que desde el viernes sufre un cierre patronal, ayer se reactivó el despacho de barcos bajo una fuerte vigilancia policial (el puerto está controlado por 1.43 miembros de una compañía de reserva del Cuerpo Nacional de Policía de Mérida), si bien "hay todavía mucha mercancía acumulada sobre el muelle", según declaró el delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández. El presidente de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba (Sestiba), Anastasio Travieso, ha planteado la urgente necesidad de dar salida a los contenedores retenidos en el puerto ante la amenaza de falta de espacio.
Como consecuencia del citado cierre patronal decretado por Sestiba (es el segundo que se produce durante el paro), las autoridades han tenido que recurrir a personal contratado directamente por las empresas, a sus plantillas de fijos y al registro especial del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Hernández Gutiérrez animó públicamente a los trabajadores en paro a acudir al puerto por 7.500 pesetas diarias. Según anunció, espera que mañana se incorporen a estas tareas unas 500 personas de las listas de desempleo.
Los estibadores tienen prohibido su acceso al puerto, y previsiblemente serán sancionados con 15 días de empleo y sueldo por abandono del trabajo el pasado jueves. Ese día boicotearon con una sonora pitada los llamamientos (turnos de las manos para atender los barcos) por considerar que se les escamoteaba información sobre los servicios mínimos solicitados por las empresas. A raíz de ese incidente, Sestiba abrió más de 200 expedientes disciplinarios. "Éste no es un conflicto laboral clásico, sino de poder. Se trata de aclarar quién manda en el puerto, si los estibadores o la Administración. Aquí reinan la coacción y el miedo, y vamos a acabar con los privilegios", declaró Hernández Gutiérrez. Los trabajadores portuarios, por su parte, sospechan que detrás de la mano dura de las autoridades se oculta un acoso a su sindicato, la Confederación Autónoma Nacionalista de Canarias (CANC).
"La situación se ha radicalizado por la falta de voluntad negociadora de Sestiba, a la que hemos pedido, para salir de este atolladero, que respete una tre,gua de dos semanas a fin de negociar serenamente las nuevas relaciones laborales tras la refórrna portuaria en rnarcha; pero se empeñan en imponernos sus condiciones como si no les importara el caos reinante", declaró Francisco Ramos, representante de la zona de Canarias en la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios.
