El juez concluye el sumario del fraude de 4.000 millones a la Seguridad Social
El juez Manuel Ledesma, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, dictó ayer auto de conclusión del sumario iniciado en 1983 a raíz del descubrimiento de un fraude a la Seguridad Social que ascendió a cerca de 4.000 millones de pesetas. Ésta ha sido una de las causas judiciales más complejas debido a la dimensión del fraude por el que están procesados más de 130 empresarios y funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspección del Trabajo (ODIT).
El sumario concluido está compuesto por 200.000 folios y ha requerido más de cinco años de instrucción judicial. Más de 100 empresas catalanas están involucradas y muchos de sus directivos están acusados de los delitos de falsedad, estafa y cohecho. Algunos empresarios catalanes ingresaron en prisión por su supuesta vinculación al fraude, hecho que ocurría por primera vez en procedimientos contra empresarios.La principal acusación sostiene, que éstos falsearon sus liquidaciones a la Seguridad Social, después de llegar a un acuerdo con funcionarios, inspectores y gestores. Entre los procesados está Ramón Ballesteros Pulido, que fue jefe de la oficina delegada de la Inspección de Trabajo de Barcelona hasta mayo de 1982. Ballesteros fue uno de los procesados que huyó al destaparse el fraude y permaneció en paradero desconocido hasta el 25 de septiembre de 1984, fecha en la que se entregó a la justicia española.
El ex jefe de la ODIT ingresó en prisión y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Otro de los implicados y procesado en la causa es Graciniano Gómez Catón, ex subdelegado de Trabajo en Barcelona. Este acusado también huyó del país y se entregó en junio de 1985, ingresó en prisión y actualmente se encuentra en libertad.
Los procesamientos por el fraude a la Seguridad Social fueron aumentando a medida que se fue ampliando el círculo de responsables de la ODIT. El sumario ha pasado por varios jueces y su volumen provocó que el juzgado se dedicara exclusivamente a su investigación, y quedó al margen del reparto judicial durante años.
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