Flexíbilidad laboral y empleo en la construcción

La política de flexibilización del empleo como solución al problema del paro, afirma el autor de este artículo, ha afectado especialmente al sector de la construcción; esta realidad se ha traducido en la pérdida de trabajo fijo y su cambio por trabajo eventual. Las empresas constructoras, que en los últimos meses están obteniendo fuertes beneficios, se niegan a negociar con las centrales sindicales, por lo que la huelga del sector puede ser una realidad en el presente mes de octubre.

La flexibilidad en el empleo, como solución al problema del paro, contó en su día con la oposición de los sindicatos en el ámbito laboral y del PCE y PSOE en el parlamentario. Esta oposición por parte del PSOE nos hizo concebir, a su llegada al Gobierno, esperanzas de que se pondría coto a la precarización en el trabajo que entonces comenzaba a producirse.Evidentemente esto no se produjo. Ya el primer Gobierno del PSOE hizo de la flexibilidad en la contratación uno de los ejes de su política, tendente a la acumulación de plusvalía por parte del capital, junto con el recorte de las pensiones y la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores (léase moderación salarial).

Uno de los sectores más perjudicados por la aplicación de esta política ha sido el de edificaciones y obras públicas, en el que, tradicionalmente, la contratación era en su mayor parte eventual y temporal, según recogía en su Ordenanza Laboral en los artículos 40, 42 y 43.

Ordenanza Laboral que aún está en vigor defacto, pero no de hecho, puesto que si los Gobiernos de UCD establecieron límites a este tipo de contratación, condicionada al número de trabajadores fijos que existieran en la empresa, el Gobierno del PSOE, a partir de agosto de 1984, hace desaparecer estos límites y amplía las modalidades y las bonificaciones a los empresarios.

La crisis económica

La crisis económica tiene una fuerte incidencia en el ámbito de la industria de la construcción, debido, en gran parte, a la falta de inversión en viviendas sociales y equipamiento tanto de los Gobiernos de UCD como del PSOE. Esta crisis es aprovechada por las grandes empresas para realizar una reducción, no por silenciosa menos salvaje, de sus plantillas de trabajadores fijos. Estas empresas, que durante los años sesenta y principios de los setenta habían obtenido fabulosos beneficios y que incluso en los peores momentos los siguen obteniendo merced a sus obras en países árabes o en América Latina, han llegado a reducir sus plantillas de fijos, en algunos casos, hasta en un 80%. Una práctica habitual es intentar rescindir los contratos a los fijos de plantilla y, en caso de negativa, utilizar el artículo 146 de la ordenanza, que no se ha modificado, para trasladarlos hasta crearles una situación familiar insostenible, que provoca que se plieguen a la rescisión. No se entiende que empresas con grandes beneficios económicos inviertan parte de ellos en despidos que han superado los 45 días por año de indemnización, a no ser que esperen, a través de las bonificaciones y el ahorro en la antigüedad y -costes de Seguridad Social, amortizar y aun sacar beneficio extra de lo invertido en despidos. Esta política abre las puertas para que la subcontratación de unidades de obra florezca por doquier, con sus secuelas de pistolerismo y endurecimiento de las condiciones de trabajo, haciendo que la pequeña y mediana empresa vaya desapareciendo del sector al no poder soportar la competencia de las grandes. Y ni el Gobierno ni las autonomías toman medidas para terminar con estas prácticas abusivas en las obras, financiadas, en gran medida, por el dinero público.

La implantación de la contratación temporal sin ninguna limitación y con sustanciosas bonificaciones para el empresario ha sido una de las más queridas reivindicaciones de la patronal de este país. Los medios de comunicación daban 'noticia, recientemente, de que existen comunidades autónomas donde, acogiéndose a las bonificaciones y subvenciones, un trabajador le puede salir prácticamente gratis al empresario. Esto, teóricamente, se hace en nombre delfomento del empleo, toda vez que, según los empresarios y el Gobierno, la falta de flexibilidad y el excesivo proteccionismo (todavía) hacen que no crezca el número de puestos de trabajo. Después de unos cuantos años de eliminar estas rigideces podríamos tener una primera aproximación a los resultados. Así, según los datos publicados por el Banco de España de la población ocupada en la construcción, en 1977 ascendía a 1.203.000; en 1978, 1.123.000; en 1981, 963.000; en 1983, 930.000; en 1985, 770.000; en 1987, 925.000.

La población ocupada no ha crecido con la aplicación de esta política, que el Gobierno, en su afán de sostenella y no enmendalla, va a hacer extensiva a los jóvenes con su famoso plan de empleo juvenil que, mucho nos tememos, no va a ser más que otra forma más de ofrecer mano de obra barata (a costa del contribuyente) a los empresarios.

Si observamos los datos del paro registrado en el Inem, en 1977 ascendía a 191.538; en 1978, 247.434; en 1979, 291.283; en 1980, 337.101; en 1981, 376.831; en 1982, 401.295; en 1983, 415.308; en 1984, 437.400; en 1985, 406.500; en 1986, 402.300; en 1987, 416.404; en enero de 1988, 392.500.

Podemos constatar que en los primeros cinco años se produce una brutal reducción de la población ocupada, que no vuelve a alcanzar nunca los niveles del año 1977, estancándose en una cifra similar a la de 1983, sin que en esto influya en absoluto la reducción de jornada, tesis mantenida por algún conspicuo miembro de la patronal. Por otra parte, tampoco, evidentemente, ha disminuido el paro, que estructuralmente arroja uña cifra en torno a los 400.000 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que miles de trabajadores rotan en sus puestos de trabajo, siendo contratados tres o cuatro veces por la misma empresa en el mismo año. Esto obliga a multitud de ellos a firmar contratos o finiquitos en blanco, a aceptar jornadas agotadoras o a renunciar a sus derechos sindicales.

Los siniestros

Causa una fuerte inmigración y, así, trabajadores de Galicia han de desplazarse a las obras del anillo olímpico de Barcelona, o desde Toledo y Ciudad Real, a Madrid y otros a Canarias o Mallorca, en unas condiciones deplorables, obligados a dormir en barracones que no reúnen condiciones o en las mismas obras; o a trasladarse diariamente en autobús a su centro de trabajo, con lo que permanece más de 16 horas fuera de su domicilio, sin cobrar dietas ni ayuda de traslado, con lo que se ven forzados a destajos y realización de horas extras para que les compense su esfuerzo. De esta forma no es extraño que el índice de siniestros en la construcción haya aumentado espectacularmente hasta alcanzar la cifra de un muerto por día natural. Estudios efectuados por la Generalitat del País Valenciá, extrapolables al resto del Estado, demuestran que en 1987 el 71 % de los accidentes laborales se dieron en trabajadores con contratos no superiores al año. Siendo así, parece que los que se quejan de que los sindicatos no son modernos deberían entender que es muy dificil situarse para algunos casos en el siglo XXI cuando la mayoría permanece en el XIX.

Por otra parte, la formación profesional es prácticamente inexistente en lo que se refiere a la construcción, como no sea para enmascarar parados a través de los cursillos del FIP. Y hoy son necesarios profesionales. En este momento es imprescindible abordar una política seria de formación de nuevos profesionales, que debería pasar por la gestión de los sindicatos y la patronal de escuelas. Esta no es una medida sacada del vacío. En Italia, Francia o Bélgica (en Europa, como le gusta decir al Gobierno) ya han sido tomadas medidas de este tipo. La financiación podría obtenerse con lo detraído a los trabajadores precisamente por este concepto. Con los aproximadamente 6.000 millones a los que asciende esa cantidad, podría llevarse a cabo una política de formación seria y rigurosa que hiciera desaparecer la falta de profesionales cualificados que hoy padece el sector.

Las obras para los Juegos de la Olimpiada y la Expo 92, el nuevo plan de carreteras, las desgravaciones fiscales a la adquisición de segunda vivienda y el plan cuatrienal de viviendas, incumplido por el Gobierno, según denunció en su día Ficoma CC 00 en lo que se refiere a viviendas sociales, unido al blanqueamiento de dinero negro en las zonas costeras y la escandalosa especulación que se está produciendo con las viviendas en las grandes ciudades, comportan una serie de factores que han hecho que la construcción sea un sector en fuerte expansión, estimándose que la inversión privada ha aumentado en el trienio 1.986-1989.en un 33%. Todo ello ha,tenido como consecuencia que en el año 1987 los beneficios obtenidos por las grandes empresas estén a la altura de los de sus mejores años. Ello no ha supuesto cambio alguno para los trabajadores, que en el marco laboral antes descrito son los que han pagado más duramente el coste de la crisis. Es clara, por tanto, la necesidad de luchar por un nuevo marco de relaciones laborales, puesto que la Ordenanza Laboral ha quedado obsoleta al aplicarse los decretos de contratación (14 modalidades, al menos). Cada día que pasa se hace más urgente la necesidad de establecer una normativa específica, dadas las características del sector, que ponga coto a los abusos que se están produciendo en la actualidad.

Mesa de negociación

Ficoma-CC OO ha venido manteniendo conversaciones en este sentido tanto con Ferrica-UGT como con la CNC, sin que hasta la fecha estas conversaciones hayan cristalizado en una mesa de negociación. Suponemos que esta imposibilidad puede deberse a lo apuntado en la circular 84/88 de la CNC, de la que citamos textualmente: "Respecto a esta cuestión (modalidades de contrato), informamos a todas nuestras entidades confederadas que es criterio del Gobierno, confirmado recientemente en una entrevista mantenida por representantes de la CNC con el director general de Trabajo, el de no reducir ni limitar las modalidades de contratación hoy existentes en nuestra legislación, y sí, por el contrario, tratar de evitar las rigideces en la contratación que hoy todavía dificultan el empleo".

Con estas premisas es dificil que se pueda producir una negociación amplia y sincera que produzca un nuevo marco de relaciones en el sector que ordene y clarifique la situación de los trabajadores. Ahora bien, Ficoma CC OO, de no constituirse en un plazo breve la mesa negociadora, para lo que ha dado sobradas muestras de su buena voluntad, se verá obligada a convocar huelga en el sector en este mes de octubre. Desde aquí queremos hacer una invitación a los compañeros de Femca-UGT para que esta acción, tan justa como necesaria, la realicemos de manera conjunta, continuando la unidad de acción conseguida en la negociación colectiva de 1987 que se ha mantenido en algunas nacionalidades y provincias. Los trabajadores quizá no comprendan que coincidiendo en la valoración de la situación no coincidan en la lucha para resolverla.