El Gobierno portugués margina a las grandes cadenas del concurso para 'legalizar' las radios

La decisión del Gobierno portugués de limitar el anunciado concurso público para la atribución de frecuencias de radio exclusivamente a las emisoras privadas de ámbito local, descartando de momento la legalización de las grandes cadenas de radio privadas regionales y nacionales, provoca una violenta polémica en Lisboa.

El consejo de opinión de la TSFRadio Jornal, que integra personalidades de todos los sectores políticos, de la oposición y del partido gubernamental ha hecho público un comunicado en que acusa al Gobierno de Cavaco Silva de "cercenar la libertad de expresión y la creatividad". El comunicado considera que la decisión gubernamental condena una serie de proyectos de "incuestionable valor" que surgieron en los últimos meses al abrigo de las legítimas expectativas creadas" por la aprobación, por el Parlamento, de la legislación que autorizaba la creación de radios privadas.A pesar de algunas reservas iniciales, el decreto del Gobierno que fijaba las condiciones para dicha legalización fue acogido con satisfacción, porque significaba el fin de la anarquía y de la precariedad en que funcionaban todos los operadores privados.

'Luz verde' a las pequeñas

Sin embargo, la decisión del Gobierno anunciada el martes por Cavaco Silva, de limitar el primer concurso para la atribución de frecuencias locales cayó como una bomba en los medios ligados a las grandes emisoras piratas. Empresas como la TSF, ligada al semanario O Jornal o Radiogeste, con plantillas que incluyen decenas de periodistas y otros profesionales, emisoras ya con sólida implantación regional, como Radio Correia Da Manha o Radio Cidade acusan al Gobierno de haber dado marcha atrás en sus planes de liberalización.Según los administradores de la TSF, limitar la privatización a las radios locales equivale a confinar la libertad de la Prensa a la publicación de los boletines parroquiales, porque las pequeñas emisoras no disponen de los medios, humanos y materiales, necesarios para constituir una verdadera alternativa a las grandes emisoras del Estado y de la Iglesia. Además, no se sabe cuándo serán efectivamente atribuidas las frecuencias regionales y nacional disponibles, ni si los futuros concesionarios de frecuencias locales quedaran o no en condiciones de solicitar posteriormente la ampliación de su radio de emisión.

Algunos críticos afirman que, detrás de esta decisión del Gobierno portugués está la intención de fomentar la concentración de los medios de comunicación en manos de algunos grupos privados, que lo habría llevado ya a favorecer la adquisición del primer diario estatal privatizado, A capital, por la firma Sojornal, propietaria del Expresso.