La abogada de 'Santi Potros' teme que se retiren todas las cartas de refugiado

La abogada Christianne Fandó, defensora habitual de militantes de ETA, teme que la decisión de la Oficina Francesa de Refugiados y Apátridas (OFRA) de retirar el estatuto de refugiado a Santiago Arróspide, Santi Potros, se extienda a los otros 19 etiarras que aún tienen la carta. Este temor se basa en que el único argumento de la OFRA para la retirada del estatuto es que "las circunstancias por las que se le concedió en 1982 ya no existen".Fandó anunció, no obstante, la presentación de un recurso ante la Comisión de Recursos de los Refugiados, que depende del Consejo de Estado y funciona como una especie de tribunal de apelación de la OFRA. La abogado señaló que agotará el plazo de un mes del que dispone, para retrasar lo máximo posible la entrada en vigor de la decisión.Pérez AlonsoAyer, por otra parte, compareció ante la Cámara de Acusación del Tribunal de París José Félix Pérez Alonso, de 30 años, el presunto miembro de ETA detenido el pasado 30 de abril por la policá francesa con 725 millones del primer rescate de Emiliano Revilla. La vista terminó con el canto del Eusko Gudariak y gritos de Gora Euskadi askatuta y Gora ETA militarra, proferidos por unos 40 familiares y amigos que se habían desplazado desde Barakaldo.

La demanda de extradición, presentada por España el 30 de junio, está basada en presuntos delitos cometidos en 1979 y no guarda relación con la aprehensión del rescate de Revilla. Pérez Alonso, alias Clementín, cuñado del entrenador del Real Club Deportivo Español, Javier Clemente, está acusado de pertenencia a banda armada, asesinato frustrado, tenencia ¡lícita de armas y explosivos, atentado y participación en un comando informativo de ETA. Pésez Alonso, que no tiene estatuto de refugiado, está, además, acusado en Francia de asociación de malhechores y de intento de homicidio.

El alegato del fiscal a favor de la extradición se centró en distinguir entre la acusación de pertenencia a banda armada, que en Francia tiene carácter político, y el resto de delitos, que calificó de comunes. Admitió que el contexto de las actuaciones que se juzgaban tenía carácter político, pero resaltó que las personas -el propietario de un bar- y los bienes objeto de los atentados imputados al acusado eran privados, y que no existían conexiones entre el hecho político de pertenecer a una banda armada y la comisión de los otros delitos.

Las abogadas defensoras, Christianne Fandó y Mireille Glaymann, replicaron con la tesis de que todas las acciones de ETA son políticas. Fandó dijo que no se puede desligar la pertenencia a una organización de las acciones que se cometen en su nombre. Destacó que a Pérez Alonso "se le busca como miembro de un comando y no como una persona particular", e intentó desmontar la afirmación del fiscal sobre la evolución democrática española recordando que los hechos por los que se pide la extradición ocurrieron en 1979.