Una penuria generalizada

Ante el alarmante deterioro de servicios generales que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía española, afirma el autor de este artículo, seimpone un proceso de reflexión y toma de decisiones que siente las bases para una adecuada corrección de la situación en los momentos actuales.

La actividad económica se desarrolla en un entorno de servicios generales (comunicaciones, transportes, energía, información estadística, resolución de contenciosos, regulación de actividades, control de niveles de contaminación, formación profesional ... ) que, a modo de lubricante, deberían facilitar su funcionamiento.La actuación del agente económico individual (consumidor o empresario) depende en gran medida de estos servicios, que generalmente se prestan en régimen de monopolio de hecho, bajo control directo o con regulación de la Administración del Estado.

Las limitaciones a la posibilidad de elección de los demandantes permiten que, con frecuencia, no se produzca la respuesta adecuada de la oferta a los niveles y la calidad de los servicios generales que la evolución de la actividad económica demanda. Ello es debido a que, en general, los oferentes actúan bajo la protección de los Presupuestos del Estado, de forma que sus cuentas de resultados o no existen o no son realmente significativas. En estos casos ocurre que las señales o incentivos que sirven para conducir la actividad en una economía de mercado no existen o pueden ser ignorados, sin poner en riesgo la supervivencia de la empresa u organismo encargado del servicio. Otras señales deben, por ello, ser consideradas para detectar la adecuación de la oferta a las necesidades. En general, la señal más inmediata de que los servicios generales funcionan correctamente es que, como el fluir del riego sanguíneo, actúen sin hacerse notar; algo que sin duda no viene ocurriendo en la economía española en los últimos años: a diario se discute sobre el nivel y la calidad de servicios esenciales para el desarrollo de la actividad económica. En algunos casos hay suficientes pruebas a la vista (pujanza de las empresas privadas de mensajería y seguridad, utilización masiva de transporte individual, utilización de redes alternativas de comunicación, amplitud de los períodos de espera en la tramitación de licencias, permisos o concesiones, o en la resolución de contenciosos, proliferación de centros privados de formación profesional ... ) como para que tal discusión sea innecesaria. El coste social del mal funcionamiento de los servicios generales es de difícil evaluación, debido a que afecta a un número muy elevado de individuos y a que no es posible conocer la situación que se tendría en el caso de que su funcionamiento fuese el correcto.Mal funcionamiento

Atendiendo a situaciones concretas, se puede llegar a concluir que las pérdidas de bienestar social por el mal funcionamiento de los servicios generales son muy elevadas, aun cuando se descuente el posible ahorro de coste que acompañe a cada actuación deficiente: a los importantes efectos directamente percibidos por los consumidores (pérdidas incalculables de horas de ocio o descanso por insuficiencia de transportes de cercanías, desasosiego por la apreciable sensación de incomunicación, inseguridad o insalubridad, nivel alarmante de molestias y trastornos por ruidos evitables ... ) hay que añadir la pérdida global de productos finales por la ineficiencia provocada en el sistema productivo.

Los retrasos provocados en el cierre de acuerdos o en la entrega de productos, la toma de decisiones con escasez de información, las paralizaciones o retrasos por la lentitud de la burocracia, la falta de calidad en las comunicaciones, las oscilaciones no justificadas en la tensión eléctrica y otros muchos ejemplos que cada uno puede añadir en relación con su actividad profesional producen pérdidas de capacidad productiva -al consumir en exceso tiempo, esfuerzos y otros recursos y propiciar el incremento de errores en la toma de decisiones- y elevan el coste necesario para mantener cada nivel de capacidad productiva -al tener que sustituir o complementar los servicios deficientes-. Todo ello parece indicar que, si bien las pérdidas individuales pueden parecer de escasa entidad, su generalización debe alcanzar un valor tal que cuesta creer que no superen en mucho el gasto requerido para un razonable funcionamiento de las empresas y los organismos responsables de ofrecer los servicios a los que nos estamos refiriendo.

Con ser importantes, no son ésos los únicos efectos que cabe esperar del mal funcionamiento de los servicios generales en nuestra economía. Parece evidente que, además de entorpecer el normal desarrollo de la actividad económica, contribuye a fomentar sentimientos de incapacidad individual que se extienden y calan en la sociedad, dando lugar a una perceptible sensación de ineficiencia colectiva; lo que, por, ejemplo, se ve reflejado en la aceptación del tono de minusvaloración que suelen adoptar las continuas referencias -no siempre desinteresadas y fundamentadas- a nuestra situación, en servicios y en general, respecto a países que nos son próximos.

Se genera así un ambiente poco propicio para que fructifiquen esfuerzos encaminados a promover el gusto por las cosas bien hechas, haciendo inútiles los intentos de avanzar en el desarraigo de la supuesta predisposición nacional hacia la chapuza y la improvisación ("capacidad de improvisación", en la visión narcisista).Importantes inversiones

El proceso de crecimiento y cambio en el que se encuentra la economía española podría facilitar la corrección de la insuficiencia en servicios generales que padecemos. Las acciones encaminadas a promover tal corrección deberán configurarse teniendo siempre presente que la producción de servicios generales, en una economía con el nivel de desarrollo de la española, exige un continuo de importantes inversiones que, por sus largos períodos de maduración, impone respuestas lentas en producción y dificultades a las rectificaciones coyunturales en los niveles potenciales de producción.

Esto obliga a considerar dos líneas básicas de actuación a la hora de tratar de imponer un cambio de rumbo en la actuación de las empresas u organismos responsables de la producción de servicios esenciales para el normal desarrollo de la actividad económica: primero, el reforzamiento de la profesionalización y la permanencia de los equipos de gestión -erradicando su imagen de lugares de paso y promoción personal inmediata y desanimando sin ambigüedad las esperanzas que, por conveniencias empresariales o políticas, puedan ponerse en la manipulabilidad coyuntural de resultados-, imponiendo la actuación de largo plazo apoyada en servicios de previsión y planificación cualificados, bien dotados y estables, y segundo, la elaboración rigurosa y continuada de evaluaciones de los costes y los beneficios sociales -y, en su caso, privados- asociados a las posibles inversiones, de modo que se puedan establecer prioridades fundamentales que respalden la toma de decisiones y faciliten su justificación ante quienes, directamente como propietarios o indirectamente como contribuyentes a la hacienda pública, deberán asumir la financiación.

En contra de esto, las actuaciones coyunturales destinadas a corregir desajustes corrientes, que no sean las de puesta en funcionamiento de capacidad potencial, pueden considerarse como un primer síntoma de fracaso en la gestión del servicio; los anuncios de la existencia de planes que, a medio o largo plazo, corregirán tales desajustes son interpretables como reconocimientos explícitos de dicho fracaso. Parece evidente que sólo la planificación sosegada y sin alardes, que destierre la improvisación, el deseo de notoriedad o el aventurerismo, podrá evitar que, en un futuro, servicios generales imprescindibles para el desarrollo de la actividad económica entorpezcan la actuación eficiente de la economía española y mermen su competitividad internacional. Si ello se consigue además se contribuirá a mitigar el sentimiento de dependencia y desamparo que, por la insignificancia individual frente al monopolio de servicios, se suele generar en los usuarios.

es profesor de Análisis Económico en la universidad Complutense.