El juicio de Gibraltar
LA INVESTIGACIÓN judicial efectuada en Gibraltar sobre la actuación de los agentes británicos que en marzo pasado dieron muerte a tres terroristas del IRA constituye una lección de respeto a la legalidad. El asunto no sólo no fue enterrado, a pesar de la repugnancia inicial del Gobierno de Margaret Thatcher a toda investigación y de sus amenazas contra los medios de comunicación que indagaron sobre lo sucedido, sino que, en último término, ha sido una instancia judicial, no gubernamental, la que ha decidido si fue o no legal la muerte a tiros de los tres terroristas.Lo que a lo largo de todo el mes de septiembre se ha desarrollado ante la Corte Suprema de Gibraltar ha sido una afirmación de los principios del Estado de derecho frente a la filosofía del todo vale en la ardua batalla que libran las sociedades democráticas contra el permanente acoso del terrorismo. El que los agentes británicos hayan sido exculpados tiene, sin duda, una gran importancia para su suerte personal y constituye un espaldarazo manifiesto a una actuación que desde el primer momento apareció envuelta en una más que dudosa legalidad. Pero mucho más importante que el sentido de la decisión es que haya sido adoptada por un órgano judicial independiente, de acuerdo con la ley y con respeto del procedimiento contradictorio en la búsqueda de la verdad de lo acaecido. Ha quedado meridianamente claro que la muerte violenta de una persona, por terrorista que sea, a manos de un agente de la autoridad no puede quedar impune y que es un tribunal, y no instancias de otro género, el que decide si se actuó o no de acuerdo con la ley.
Frente a esta fundamental lectura del juicio de Gibraltar, las otras circunstancias que lo han acompañado, con ser procesalmente novedosas para España, tienen un interés secundario. Se ha resaltado que los agentes británicos declararon ante el tribunal ocultos a las miradas del público y de los medios de comunicación y que su identidad fue protegida. Era algo admisible, pues no comparecían como inculpados, sino como testigos, para determinar las circunstancias en que fueron abatidos los terroristas del IRA. En España, si un ciudadano -sea agente policial o no- es puesto a disposición de la justicia, lo es, en principio, como presunto autor de un delito, y la publicidad es la regla de toda actuación judicial. Pero no hubo resistencia por parte de las autoridades a identificar a los agentes, ni de éstos a declarar ante el juez.
Más trascendencia tiene -por las lecciones que puedan derivarse para la implantación en el futuro del jurado en España- el hecho de que haya sido precisamente un jurado formado por 11 ciudadanos, y no un tribunal profesional, el que ha exculpado a los agentes de toda responsabilidad penal en la muerte de los terroristas del IRA. La decisión, si se tiene en cuenta la circunstancia de que los terroristas iban desarmados, es enormemente polémica y no despeja las dudas existentes sobre la inevitabilidad de su muerte. El veredicto es más que discutible, pero la forma en que se ha llevado a cabo es irreprochable. Es en el respeto a las formas en donde reside la garantía de las libertades democráticas. Y los miembros del jurado que absolvieron a los policías pueden o no estar equivocados, lo mismo que un ciudadano que deposita su voto en unas elecciones. Pero es el respeto a la conciencia individual, y el valor de ésta en la representación democrática, lo que da contenido al régimen de libertades. Y por eso, contra quienes piensan que el juicio de Gibraltar es un éxito de los que defienden la cloaca como forma de gobierno, parece más razonable creer que supone un afianzamiento del principio de separación de los poderes y de la independencia judicial, amenazados de continuo en España por la cloaca misma.
