Anmistía Internacional afirma que dos objetores de conciencia están encarcelados en España

Los malos tratos sufridos por algunos detenidos a los que se les aplicó la ley antiterrorista y el encarcelamiento de dos objetores de conciencia son las principales contribuciones españolas al emborronamiento del 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el informe de Amnistía Internacional sobre España en 1987.

Este año "murieron 50 personas como consecuencia de las acciones violentas del grupo armado vasco Euskadi ta Askatasuna (ETA); entre los fallecidos hubo civiles y miembros de las fuerzas de seguridad", dice el informe, que recoge la reforma de la ley antiterrorista y hace notar cómo siguen vigentes algunas restricciones, tales como que los detenidos seguirán sin tener derecho a designar a su propio abogado"."Muchas personas detenidas en aplicación de la ley antiterrorista denunciaron haber sido objeto de malos tratos durante el tiempo que permanecieron en custodia", indica Amnistía. El informe concluye que "las querellas por malos tratos fueron objeto de investigaciones judiciales, pero las actuaciones se alargaron y con frecuencia no se llegó a conclusiones definitivas". El entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, reconoció ante la organización que se habían dado casos de "extralimitaciones en el ejercicio de la función policial", pero que "era un objetivo prioritario" del Gobierno poner fin a tales prácticas.

Amnistía señala que dos objetores de conciencia fueron encarcelados por negarse a realizar el servicio militar y varios más estaban en espera de juicio. "Según la información de que dispone Amnistía Internacional, los únicos objetores de conciencia en prisión eran los que habían presentado sus solicitudes después de su incorporación al Ejército y habían sido encarcelados por deserción o por negarse a obedecer órdenes".