Los nuevos estatutos de AP prevén la baja automática si no se acata la Constitución

La dirección de Alianza Popular (AP) debatió ayer la nueva redacción de los estatutos del partido, en los que se introduce la baja automática para los militantes que cometan una infracción que atente contra la Constitución. La comisión permanente, por la mañana, y el comité ejecutivo, en la tarde de ayer, analizaron la ponencia de estatutos.

El presidente del partido, Antonio Hernández Mancha, propuso al comité ejecutivo de AP elevar a 2.300 el número de compromisarios al 9º congreso aliancista, previsto para el próximo mes de enero.La reforma que se pretende introducir en los estatutos de AP puede implicar, ea el supuesto del senador aliancista Juan de Arespacochaga -en la actualidad suspendido provisionalmente de militancia por sus declaraciones en favor del régimen del general Augusto Pinochet-, su expulsión automática del partido. Según la dirección de AP, sus declaraciones atentaban contra el espíritu y la letra de la Constitución, informa Efe.

La ponencia de estatutos de AP prevé la introducción de mecanismos para dotar al partido de una mayor descéntralización de sus estructuras, así como mayores competencias para los comités electorales provinciales y regionales, que podrán diseñar sus propias candidaturas (ver EL PAÍS del lunes).

La reducción inicial del número de compromisarios en el próximo congreso fue una de los hechos que causó mayor malestar entre los denominados epíticos' del partido en la convocatoria del congreso. La oficina de información de AP ha difundido una nota en la que destaca que la propuesta de ampliación de compromisarios en un millar, hasta alcanzar los 2.300 "se debe exclusivamente a la intención de conseguir una mayor participación de los militantes de AP en el próximo congreso".

En la ponencia de estatutos debatida ayer se establece el sistema de lista cerrada para la elección de los comités ejecutivos "a fin de ganar en homogeneidad", y se mantiene el de lista abierta en la elección de vocales a la junta directiva nacional, que reduce a la mitad (seis) sus miembros. Se suprimen el consejo político y la comisión permamente. Se mantiene el comité ejecutivo (50 personas) al que se incorporarán los portavoces de las instituciones.