Declaran ante el juez los dos agentes que descubrieron supuestas escuchas telefónicas
Jesús Fernández Entralgo, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tomó ayer declaración a José Luis Álvarez y Miguel Terrón, policías que inspeccionaron las líneas telefónicas del CDS, Partido Comunista de España, CC OO, Pablo Castellano y José Mario Armero en su calidad de miembros de la empresa Tepol, contratada por Tiempo. El juez resaltó a EL PAÍS que, a los efectos de la investigación de supuestas escuchas telefónicas ilegales, es intranscendente su pertenencia o no a la policía y agregó que, tras un primer informe del perito designado, se harán las comprobaciones necesarias.Según Efe, la declaración de los dos agentes, en presencia de un abogado del CDS -partido que presentó la denuncia que ha dado origen a las diligencias judiciales-, duró dos horas y media. Previamente, el magistrado había recibido un informe de la Dirección General de la Policía en el que se daba cuenta de que los dos funcionarios de policía eran accionistas de la empresa Tepol y que parte del material técnico utilizado en las comprobaciones de las líneas telefónicas fue sacado de dependencias policiales.
"Rocambolesca historia"
El juez Fernández Entralgo manifestó a este periódico que los dos declarantes "han expuesto todo lo que les ha parecido en relación con su intervención en la detección de supuestas escuchas, no respecto a todo el resto de la rocambolesca historia de si pertenecían o no pertenecían a la policía, de si lo hicieron con material propio o material ajeno, cuya importancia para el caso es muy distinta", dijo, "de lo que puede ocurrir en otros ámbitos". [La dirección de la policía expedientó recientemente a los dos funcionarios, por su participación en la investigación solicitada por la revista Tiempo.]
Tras la declaración de los dos policías, el ingeniero de telecomunicaciones designado por el juzgado como perito revisó las actuaciones para emitir un primer informe. Una vez que se reciba este informe "se realizarán", anunció el magistrado, "las comprobaciones sobre las líneas y los teléfonos en concreto".
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