Interior prepara una reforma para agravar las penas en los delitos contra policías

El Ministerio del Interior prepara una reforma legal que permita agravar las penas a los responsables de delitos cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta modificación debe operar como elemento disuasorio con vistas a los delincuentes que traten de atentar contra policías, al tiempo que se otorga a estos últimos una mayor protección penal acorde con su "especial responsabilidad", según un alto cargo, de dicho departamento.

Un equipo del ministerio del Interior -ahora dirigido por Jose Luis Corcuera-, lleva algún tiempo dedicado al estudio de este asunto. Según los autores de la propuesta, la reforma se basa en "homologar" a España con otros países de la Comunidad Europea, como Gran Bretaña o Italia, cuyas legislaciones consideran circunstancia agravante la comisión de delitos contra estos funcionarios públicos."No puede hablarse de privilegio para los miembros de las fuerzas de seguridad en relación con los demás ciudadanos, porque el riesgo de choque con un delincuente de los policías y de los guardias civiles es muy, superior al resto de los ciudadanos. Ése es el sentido de los agravantes que contienen las legislaciones de otros países", añadió el alto cargo de Interior.

La misma fuente negó que las modificaciones en estudio puedan considerarse una reacción a la condena de tres policías por la desaparición de Santiago Corella, el Nani, pese a que el propio secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, se hizo eco ayer mismnio, en Abc, de manifestaciones realizadas por sectores policiales, los cuales desean "el mismo rigor" para los delincuentes que atenten contra policías, que el empleado por la justicia con los funcionarios políciales.

También la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, hizo referencia a este asunto, en su habitual comparecencia informativa tras la reunión semanal del Gobierno. La ministra aseguró que la reforma mencionada se encuentra "en debate" y que aún no ha llegado al ámbito del Consejo de Ministros, ni se han tomado decisiones.

La ministra leyó también una nota en la que se explican otras reformas legales en estudio, en este caso dentro del Ministerio de Justicia, para adaptarse a la situación creada por una sentencia del Tribunal Constitucional, de la que se deriva que los jueces de instrucción de una causa no pueden dictar sentencia si son recusados por alguna de las partes. Sentencia que en medios jurídicos ha sido señalada como causa de un fuerte bloqueo en el trabajo judicial.

Bloqueo de los tribunales

Una de las reformas planteadas por Justicia se orienta a incrementar la iniciativa y responsabilidad del Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos, "sin perjuicio de la competencia judicial para adoptar todas las medidas que afectan a derechos de la persona y para dirigir en última instancia la instrucción", según la nota mencionada.

Otra de llas modificaciones se refiere a la creación de "unos magistrados de lo penal, con la exclusiva función de enjuiciar y fallar las causas penales por delitos menos graves", agrega la nota leída por la ministra. Cabe deducir que tales magistrados están destinados a hacerse cargo de los asuntos que hasta ahora llevaban los jueces instructores afectados por la decisión del Constitucional. Los llamados delitos menores representan más de dos tercios de los asuntos que entran en los juzgados de las ciudades más congestionadas. Pero la extraña forma en que fue ofrecida la información a los periodistas -una nota oficial, que la portavoz del Gobierno y la oficina de prensa de Justicia lamentaron no poder ampliar- impidió clarificar esos extremos, ni tampoco determinar si esa reforma consiste en una división de los juzgados ya existentes o exige nuevas plazas de magistrados y en qué plazos. La nota leída por la ministra sólo indica que tales medidas pueden estar vigentes "a finales de año y funcionando a principios del año próximo".

Aún es posible una tercera reforma penal: la que se refiere a agravar las penas por tortura. Pero en este aspecto, la ministra portavoz se limitó a indicar que es un debate posible en el marco del Parlamento.

En respuesta a otras preguntas, la ministra portavoz afirmó que la sentencia recaída sobre el caso El Nani "demuestra que estamos en un estado de derecho", y espera que sea interpretada como una responsabilidad "de personas concretas y no de todo el colectivo que trabaja por la seguridad de todos los españoles". Asimismo confirmó que el Ejecutivo no ha dado instrucciones al fiscal del Estado para que recurra contra esa decisión judicial.