El desafío del IRA
EL COMIENZO de una investigación judicial en Gibraltar sobre la muerte de tres terroristas del IRA por especialistas de las fuerzas de seguridad británicas, hace ahora seis meses, y la sucesión de atentados y acciones violentas que han tenido lugar en las últimas semanas, y que culminaron la semana pasada en la muerte en emboscada de otros tres terroristas republicanos, no evocan solamente el enquistamiento de un conflicto político, sino los desafíos que plantean a las sociedades democráticas contemporáneas de este fin de siglo determinadas formas de violencia política. Esos desafíos y, naturalmente, sus posibles respuestas.Dicho con todo respeto a unos y otros, lo que menos importa ya del conflicto del Ulster es la legitimidad de una reivindicación histórica o la naturaleza de los desequilibrios sociales que mantuvieron viva la confrontación durante tantos años para desembocar en el terrorismo duro de nuestros días y en qué puede derivar ese mismo conflicto en los años por venir. Quienes estén dispuestos a utilizar determinados métodos de acción no encontrarán un obstáculo insalvable en la búsqueda de causas que justifiquen -a sus propios ojos- el recurso a métodos abominables. A ello se opone, desde la racionalidad ética, la firme negativa a admitir que exista cualquier causa, por arraigada que esté en sectores de la población, capaz de justificar esos métodos. Los problemas políticos tienen solución, en las sociedades democráticas, desde la acción política pacífica, incluyendo en ella, en determinados casos, la desobediencia civil. Y, complementariamente, la práctica del asesinato con fines políticos no sólo no acerca las soluciones, sino que las hace imposibles.
Pero el problema afecta también a las respuestas. Lo que se dilucida en el proceso ahora abierto en Gibraltar es el derecho del Estado democrático a practicar una política basada en el principio de la ejecución sumarísima de los delincuentes: la política de tirar a matar. A fines de 1982, seis jóvenes irlandeses desarmados fueron abatidos a tiros por agentes del Royal Ulster Constabulary (RUC), la policía de Irlanda del Norte. El escándalo fue tan grande que el propio Gobierno de Londres ordenó una investigación interna para averiguar si en las filas del RUC existía la consigna secreta de tirar a matar a todo sospechoso de estar relacionado con el IRA. El policía encargado de la investigación, John Stalker, subjefe de la policía de Manchester, fue relevado, y finalmente expulsado del cuerpo, cuando, según revelaría años después en un libro de memorias, estaba a punto de dar con la prueba definitiva que demostraba la existencia de esa consigna en la policía del Ulster.
Las circunstancias de aquel caso han vuelto a primer plano con ocasión de lo ocurrido en marzo pasado en Gibraltar. Pero ahora la presión de los medios de comunicación ha hecho que el asunto no se quede en una investigación interna, sino que llegue a los tribunales de justicia. Es de justicia recordar que la televisión pública del Reino Unido jugó un papel decisivo en ese resultado, resistiendo fuertes presiones gubernamentales para que no se emitieran reportajes realizados en el mismo Gibraltar y en los que algunos testigos aseguraban que los terroristas abatidos no sólo no iban armados, sino que se disponían a entregarse, brazos en alto, cuando fueron abatidos.
De ahí la importancia del juicio que se anuncia, por más que determinados sectores jurídicos y de opinión británicos hayan mostrado su escepticismo ante las prerrogativas de los agentes del SAS (Special Air Service) que efectuaron los disparos, y que podrían negarse a declarar alegando motivos de seguridad. En cualquier caso, la mera apertura de la investigación judicial en un caso de esta naturaleza supone una importante derrota del Gobierno de Margaret Thatcher, justamente en el momento en que la muerte de otros tres activistas, en condiciones igualmente poco claras, en medio de la última ofensiva de los terroristas, ha vuelto a poner en primer plano una de las cuestiones capitales de las democracias contemporáneas: la de si la defensa del sistema constitucional es compatible con la deliberada conculcación de sus principios para combatir a sus enemigos. Concretamente, es la política de tirar a matar implícitamente defendida por Thatcher la que va a ser públicamente juzgada en Gibraltar. Pero también la actitud moral de una parte importante (el 77%, según una encuesta de Sunday Express) de la población británica, que considera que contra los terroristas todo vale.
