El CDS propone un "pacto de la Moncloa" para la radiotelevisión pública y el 'reparto' de la privada

JOAQUÍN PRIETO, La dirección del Centro Democrático y Social (CDS), el partido presidido por Adolfo Suárez, considera necesaria una negociación política con el Gobierno y otras fuerzas parlamentarias sobre las reglas del juego de la radiotelevisión pública, que, en su criterio, debería ampliarse a la concesión de licencias para la privada. Adolfo Suárez y sus colaboradores entienden que el problema es de envergadura suficiente como para precisar "una nueva edición de los pactos de la Moncloa" la iniciativa protagonizada por el actual líder del CDS en 1977, durante su paso por la presidencia del Gobierno.

El equipo de Adolfo Suárez se propone un debate político sobre la necesidad de "separar el control de la radiotelevisión pública respecto a los gobiernos de turno". Para ello sugiere la reforma del actual Estatuto de RTVE, a fin de constituir una "alta autoridad" de los medios audiovisuales de titularidad pública, al estilo francés o británico, con poderes concretos -no meramente asesores- y que responda ante el Parlamento.La reforma afecta al Consejo de Administración de RTVE. Las ideas manejadas por el equipo del ex presidente del Gobierno -y ex director de TVE- consisten en ampliar la composición del actual Consejo de RTVE, para que incluya representantes de instituciones culturales, económicas y sociales. Eso permitiría ampliar la actual base de dicho Consejo, en el que ahora se sientan sólo los representantes de partidos políticos.

Otro aspecto clave de la propuesta consiste en dotar al Consejo de RTVE de poderes decisorios, entre otros la capacidad de nombrar al director general de RTVE y a los directores de las diferentes sociedades del ente público, separados del control directo del Gobierno. Esa alta autoridad, colocada bajo la dependencia del Parlamento, debe llevar las riendas en materia de control presupuestario, problemas de publicidad y calidad de los programas emitidos.

Todo ello supone alterar el consenso político al que se llegó en 1979, que alumbró el actual Estatuto de RTVE. Pero el CDS no ve problema en ello, sino en mantener la ley actual. "Desde 1980, en que entró en vigor nuestro Estatuto, Francia ha cambiado tres veces su legislación sobre la materia", afirma el responsable del área de Comunicación del CDS, Juan Roldán, autor del documento técnico que ha dado base a las propuestas políticas en estudio en la dirección del CDS. "Nueve años después, parece llegado el momento de abordar una nueva reglamentación", añade.

Estas reflexiones de carácter general se suman a la iniciativa ya adoptada por el CDS la semana pasada y formalizada ayer, con su petición de comparecencia en el Congreso de la directora general de RTVE, Pilar Miró, en relación con la destitución de Luis de Benito como director de la segunda edición de Telediario. El portavoz parlamentario del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, dijo que "no se puede dejar pasar" este hecho.

El Grupo Parlamentario Popular presentó también ayer una solicitud de comparecencia "urgente" de Pilar Miró, y amplió la misma a dos profesionales de RTVE: el director de los Servicios Informativos de TVE, Julio de Benito, y de Luis de Benito, ex director de la segun da edición de Telediario.Interpelaciones

El diputado conservador Luis Ramallo, autor de estas peticiones de comparecencias, justificó la llamada directa a dos profesionales de la información con la siguiente explicación: "Tanto Calviño como Pilar Miró han argumentado siempre que los profesionales en televisión eran independientes y no podían responder de los criterios que seguían los telediarios. Como se ha producido un cese, vamos a intentar que sean los propios profesionales los que nos expliquen las causas".

Además de estas iniciativas de la oposición, relacionadas con RTVE, el CDS presentó ayer distintas preguntas parlamentarias sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Este grupo político trata de explorar las prioridades del Ejecutivo para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, solucionar la crisis del sector de la enseñanza, corregir la atención hospitalaria en servicios de urgencia y listas de espera, ordenación de los servicios públicos de transportes, funcionamiento de los servicios postales y telefónicos y mejora de la seguridad ciudadana.

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