El juez Belloch, contrario a que el fiscal seleccione los delitos a investigar

El magistrado Juan Alberto Belloch, dirigente de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia, se mostró ayer contrario a que el fiscal decida los delitos a Investigar, dado el riesgo de crear esferas de impunidad y otorgar demasiado poder al Ejecutivo, del que dependen los fiscales. La intervención de Belloch se produjo en una mesa redonda en la que representantes de las tres asociaciones judiciales criticaron duramente al Gobierno y propusieron reformas urgentes, en el curso sobre Administración de Justicia Y reformas procesales que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.La posibilidad de que los fiscales asuman funciones actualmente de los jueces de instrucción fue la cuestión estrella del curso, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que permite recusar para el juicio oral a los jueces que hayan sido instructores de una causa. En la mañana de ayer, el catedrático de Derecho Procesal de la universidad de Sevilla, Víctor Moreno Catena, se mostró favorable a que los fiscales asuman las actuales funciones investigadoras de los jueces de instrucción y propugnó una reforma en profundidad de todo el proceso penal.

La respuesta de los jueces a esta iniciativa, abrigada por el Gobierno y alentada por el fiscal general del Estado, la inició el presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, José Gabaldón, quien cuestionó la tutela Judicial efectiva con una instrucción en manos de los fiscales. De un modo más radical, Belloch advirtió de los riesgos de la "`irresistible ascensión del Ministerio Fiscal". Afirmó que "mientras el fiscal sea dependiente del Gobierno y mantenga una estructura jerárquica, debe limitarse a ser parte en el proceso".

Esferas de impunidad

El ex portavoz de Jueces para la Democracia avisó sobre "`el riesgo de crear esferas de impunidad entre determinados funcionarios" y, sin mencionar el caso Amedo [policía actualmente en prisión por su presunta implicación en los GALI, recordó que las investigaciones sobre delitos de funcionarios del Estado no suelen ser iniciadas por los fiscales, sino por la acusación particular y los propios jueces.Francisco Marín Castán, portavoz de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, hizo las propuestas más radicales, ya que pidió la derogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la retirada de las Cortes del proyecto de ley de planta y demarcación. Además del mantenimiento de los jueces de distrito y el reforzamiento del secretario judicial, Marín propuso una ley de bases desarrollada por grupos de expertos y pidió un nuevo modelo de procedimiento penal. El director general de relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol, negó que la ley de planta y demarcación esté planteada como una panacea para los problemas de la justicia.