Los jueces "no cumplen los plazos", según el presidente de los procuradores
El presidente del Consejo General de los Colegios de Procuradores, José Granados Weil, denunció que en los tribunales "los únicos que no cumplen los plazos son los jueces". Granados hizo estas declaraciones en el curso sobre Administración de justicia y reformas procesales, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
También en relación con el funcionamiento de la Administración de justicia, el presidente de los procuradores pidió a los jueces un papel más activo frente a la lentitud de la Administración judicial, al tiempo que la homologación de los horarios de los juzgados, mayores atribuciones a los secretarios judiciales e incentivos a los funcionarios "para agilizar y alegrar", dijo, "su trabajo".En cambio, tanto Granados como el director del curso, Dionisio Mantilla, se congratularon de la supresión de las astillas [percepciones ilegales recibidas por los funcionarios judiciales a cambio de un trato de favor al particular] y reiteraron la decisión de los colegios de procuradores de sancionar y denunciar a los profesionales que vuelvan a aquella vieja práctica. Mantilla pidió que, para complementar este "control de moralidad", es preciso dotar de más medios a la oficina judicial.
En el mismo curso, el magistrado y consejero permanente de Estado Jerónimo Arozamena manifestó que la futura reforma de la jurisdicción contencioso- administrativa recortará el poder de los tribunales de justicia para hacer cumplir las sentencias que condenan al ejecutivo. El también ex vicepresidente del Tribunal Constitucional precisó que, frente a la frecuente negativa de la Administración a cumplir las sentencias judiciales, se establecerán nuevas responsabilidades penales, civiles y patrimoniales.
Arozamena explicó el papel de la jurisdicción contencioso-administrativa para controlar a las diferentes administraciones públicas "desde un punto de vista jurídico, no político", dijo, "evitando que el poder judicial sustituya las decisiones de la Administración". Recordó que tanto en la ejecución de la sentencia como en la suspensión de los actos administrativos hay que compatibilizar las garantías de los ciudadanos con los intereses colectivos que sirve la Administración.
El director del curso rechazó que los organizadores del mismo se hayan preocupado más por las reformas de los procesos que dan más rendimiento económico a los procuradores, en perjuicio del proceso penal, cuyos clientes suelen ser de menor fortuna. Como prueba de ello citó la mesa redonda sobre libertad y proceso penal que se celebró ayer tarde, el debate previsto para hoy entre los representantes de las asociaciones judiciales y la disertación sobre el recurso de casación penal, que dará mañana el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo.
