Droga en las prisiones

Ante las declaraciones de don Julián García Vargas en la inauguración del simposio científico sobre drogas y sociedad, me veo en la obligación de hacer las siguientes puntualizaciones (EL PAÍS, 9 de agosto de 1988):1. Según don José Jiménez Villarejo los efectos negativos del acceso de los reclusos a las drogas podrían resumirse en:

- Obstaculización de los fines de reeducación y reinserción social, metas de Instituciones Penitenciarias.

- Los propios efectos psíquicos y su reflejo en el comportamiento, incompatibles con la reglamentación de las conductas y la terapia ocupacional.

- Aparición de organizaciones mafiosas en el interior de la institución.

Si sabemos que hay droga en las prisiones sólo cabe la postura de impedir su entrada con todos los medios a nuestro alcance, constitucionalmente respetuosos con los derechos de los internos. De las declaraciones del señor ministro se dejaba entrever un cierto pesimismo que no ha de corresponderse con la eficacia de los medios que, si fueran aplicados, paliarían en gran medida el problema.

2. Sabiendo que uno de los puntos de entrada de droga en las prisiones son las comunicaciones con los familiares diferenciaríamos las medidas de control según el tipo de comunicación:

a) Comunicación ordinaria.

- Instalación de aparatos de rayos X en el departamento de cacheos.

- Aumento del número de funcionarios encargados de las tareas de cacheos de paquetes, hasta quedar garantizada la total inspección de los objetos procedentes del exterior.

b) Comunicación especial (celebradas en locales que permitan el contacto cercano de los internos con sus familiares).

En este caso se le propondría al interno sospechoso de introducir droga una alternativa:

Pasar por un control de rayos X o permanecer durante dos días en una habitación separada del resto de la población reclusa hasta que la droga haya sido expulsada.

Estas medidas no vulneran los derechos de los internos y favorecen un mayor control de la introducción de droga. Tampoco niegan las necesarias comunicaciones con los familiares.

3. Acusar veladamente de la introducción de droga en las prisiones a los funcionarios de instituciones penitenciarias lo considero una manifestación irresponsable e incongruente. Si existen sospechas sobre casos particulares, ha de actuarse con toda la contundencia que la ley permita y la sociedad exige. Lanzar acusaciones generales sólo hace menoscabar la honradez profesional de un colectivo, muchas veces ignorado en sus derechos, olvidado en sus necesidades y con una tarea social delicada, ingente y poco gratificante en muchos casos.

Como explica Jiménez Villarejo, la droga no ha llegado ahora a las cárceles; posiblemente estaba allí antes de que estuviera presente en las calles. Pero ello no debe ser obstáculo para que se empleen todos los medios disponibles y constitucionales para eliminar su paso en la mayor medida posible, no adoptando nunca la tentadora resignación que conllevaría el descontrol total de las instituciones penitenciarias.-Funcionario del cuerpo especial.