El Gobierno regional prueba el plan general de San Fernando

Con dos años de demora, la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid ha aceptado oficialmente la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fernando de Henares, aprobado por la corporación de esta localidad el 25 de febrero de 1986. El retraso de dos años en la aprobación derinitiva del plan se ha debido a "algunos problemas y contenciosos existentes entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional" señalaron fuentes municipales.

San Fernando tiene en la actualidad 25.000 habitantes. El nuevo PGOU establece un máximo de 40.000 personas como límite autorizado para el crecimiento de la población en los próximos ocho años. Además, el plan aprobado determina una reducción del suelo industrial respecto al que se establecía en la redacción inicial aprobada por el Ayuntamiento. Las nuevas edificaciones no podrán sobrepasar una altura de cinco pisos.El concejal de Urbanismo, Germán Basoa, reconoció que el plan "ha topado en su camino con graves dificultades, sobre todo con los tres problemas fundamentales que han enfrentado a la Comunidad y al municipio en los últimos años: la ubicación del depósito de residuos industriales de la Comunidad, la construcción de un parque acuático en un terreno que el Gobierno regional consideraba de edificabilidad saturada, y la ampliación del centro comercial Pryca situado en este municipio".

En mayo de 1987, la Comunidad inauguró el depósito de residuos industriales de San Fernando, cuya construcción había provocado numerosas acciones deprotesta ciudadana. El Ayuntamiento de San Fernando presentó entonces una denuncia contra la Comunidad por considerar que "el Gobierno regional carecía de licencia municipal de obras y de apertura para que el vertedero comenzara a funcionar, y, además, se había construido sobre un suelo calificado como no urbanizable en el antiguo PGOU", señala Basoa.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de las obras de un parque acuático junto a la carretera N-II por considerar que esta zona estaba ya en el límite permitido de edificabilidad.

Aunque las obras se reanudaron, la Comunidad denunció al Ayuntamiento por haber concedido licencia municipal para la construcción del parque sobre estos terrenos.

"Comunidad y Ayuntamiento", dice Basoa, "hemos acordado ahora acatar las resoluciones judiciales que se produzcan en el futuro en relación con estos contenciosos y así poder dar luz verde a este plan general, ya que el retraso en su aprobación paraliza la vida urbanística de la ciudad".