Los pequeños talleres de electrodomésticos desconocen la ley que regula su trabajo

La entrada en vigor del real decreto sobre protección del consumidor en el servicio de reparación de electrodomésticos afectará principalmente a los pequeños talleres de reparación, que son precisamente los que parecen desconocer su existencia. Los aspectos más destacables del decreto son los relativos a la obligación por parte de las empresas de asistencia técnica de presentar un presupuesto previo por escrito, requisito de facturación, garantía, hojas de reclamaciones e información mínima al usuario.

Los propietarios de electrodomésticos que requieran los servicios de asistencia técnica para reparar alguno de sus aparatos quedan amparados por una normativa elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo que entra hoy en vigor.El real decreto establece las condiciones básicas que regirán las prestaciones de estos servicios y hace una distinción entre los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), definidos como aquellos establecimientos o personas que se dediquen a la actividad tanto en sus propios locales como en los domicilios de los usuarios, y los servicios técnicos oficiales de la marca, descritos como aquellos con autorización escrita de los fabricantes.

Arreglar el letrero

Los servicios de asistencia oficiales consultados por este periódico consideran que la adopción de este decreto es positiva para el cliente, aunque no están de acuerdo con la obligación de la empresa de presentar un presupuesto previo por escrito con una validez mínima de treinta días y de presentar un presupuesto adicional si aparecieran complicaciones posteriormente. "El que ha escrito esta normativa seguro que no es reparador", afirma uno de ellos.El resto de las condiciones que se refieren a la obligación de entregar un resguardo que acredite el depósito del aparato o de utilizar piezas de repuesto nuevas y a la presentación de una factura en la que se consigne la valoración de todos los conceptos del servicio, gozan de la aprobación de este colectivo. En cuanto a la exhibición en lugar visible de las tarifas, más de una de estas empresas comentó: "Bueno, habrá que arreglar el letrerito que tenemos".

A partir de ahora la validez de la garantía de reparación será por un período mínimo de 3 meses y los usuarios tendrán derecho a presentar una hoja de reclamaciones si no se cumplen las condiciones establecidas.

"¿Qué real decreto?"

Los talleres de reparación no oficiales son los más afectados por la nueva normativa, aunque no parece preocuparles demasiado. Uno de ellos respondió a las preguntas de este periódico con cierta extrañeza: "¿De qué real decreto me están hablando?".Los usuarios que encuentren alguna dificultad con el cumplimiento de esta normativa, podrán presentar sus denuncias al Instituto Nacional del Consumo donde las autoridades competentes les atenderán.

El real decreto establece igualmente que las normas establecidas serán supletorias respecto de las normas que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en materia de protección de consumidores y usuarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 03 de agosto de 1988.

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